La desaparición de Luz y Fuerza del Centro

Antecedentes

La creación de un sindicato va de la mano con la historia de la empresa a la cual pertenecen los afiliados. Para analizar más a profundidad el problema de LyFC comenzaremos por hacer un breve recuento cronológico.

Cronología de la historia de LyFC

A finales del Siglo XIX y principios del XX, México inicia su etapa de industrialización para lo que se requería de energía eléctrica. En 1903 la Mexican Light and Power (MLP) obtuvo la concesión para explotar los ríos Necaxa, Tenango y Xaltepuxtla, con lo que la industria eléctrica mexicana empieza a crecer. La MLP contaba con las instalaciones de Indianilla, Verónica y Nonoalco, pero la hidroeléctrica de Necaxa (1905) fue la que generó una gran cantidad de empleos. La MLP monopolizó el sector eléctrico comprando las empresas que distribuían la electricidad en el centro del país a finales de 1906. En 1907, la MLP obtiene la concesión para generar y distribuir electricidad en toda la Ciudad de México; el Estado de México, Puebla, Hidalgo y Michoacán.
A partir de entonces se dieron los siguientes acontecimientos, algunos de ellos son detallados más adelante:

1911 Se crea la Liga Mexicana de Electricistas donde trabajadores mexicanos de la Mexican Light and Power Company denunciaban el trato desigual en cuanto a salarios respecto a trabajadores extranjeros.

1914 Nace el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

La empresa LyFC:

1916 Resiste los ataques del gobierno carrancista; además, encabezó la huelga general que exigió el pago en oro de los salarios, para garantizar el valor real del ingreso de obreros y campesinos.

1926 Inicia una campaña de recapitalización del sindicato.

1936 Estalla segunda huelga contra la compañía MLP, una de las empresas privadas que tenía en sus manos la dotación de energía eléctrica. Esta obligó a la empresa a firmar contrato colectivo con los trabajadores, considerado avanzado para la época.

Impulsó activamente la formación del Comité Nacional de Defensa Proletaria, y fundó y luego abandonó la CTM.

1937 Se constituye la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con la intención de hacerse cargo de la industria hidroléctrica. Las cooperativas a su cargo compraban energía eléctrica a las compañías concesionarias (concesión dada hasta por 50 años).

1938 Se publica el proyecto de Ley de Energía Eléctrica, el gobierno busca tener control sobre el suministro, transformación y comercialización de la energía. Inicia la nacionalización.

1960 Gobierno mexicano compra la The Mexican Light and Power Company y la American and Foreing Power Co.; dando nacimiento a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz a los estados de Puebla, Estado de México, Michoacán, Morelos, Guerrero e Hidalgo. Es así que se reforma el artículo 27 constitucional nacionalizando, de hecho, la industria eléctrica.

1963 Cambia su denominación social a Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

1974 Intento de disolución en el mandato de Luis Echeverría Álvarez para que todas las Compañías de Luz en los estados quedaran integradas a la CFE, oponiéndose el Sindicato Mexicano de Electricistas.

1983 El SME se opuso a que el IVA se aplicara a las tarifas domésticas de energía eléctrica.

1985 Miguel de la Madrid autoriza “Convenio de Delimitación de Zonas”, las Compañías de Luz de Michoacán y Guerrero pasan a ser de la CFE.

1994 Por decreto presidencial la Compañía es descentralizada y cambia el nombre a Luz y Fuerza del Centro.

9 de febrero de 1994 Por decreto del presidente Carlos Salinas de Gortari nace el nuevo Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC). Si bien es cierto que desde su creación LFC recibió transferencias presupuestarias, también hay que señalar que durante poco más de 20 años la empresa fue sometida a un proceso de liquidación, disolución y guerra comercial, período que fue aprovechado para colocarla en una situación de quiebra técnica, a tal grado, que en 1994 la deuda que tenía contraída con CFE ascendía a 21 mil 476 millones de pesos, como resultado de la compra de energía en bloque al precio impuesto por CFE. Ese mismo año, el presidente Salinas anunciaba que LFC nacía con personalidad jurídica y patrimonio propio y financieramente sano, pues el gobierno absorbía la deuda multimillonaria con CFE. Esto no sucedió así y el gobierno mantuvo a LFC endeudada y con un pasivo altísimo. Los rumores de una privatización se incrementaban y se sabe que el Banco Mundial (BM) “recomendó” la privatización del sector energético.

10 de octubre de 2009 Por decreto presidencial se extingue y liquida Luz y Fuerza del Centro dejando el servicio a CFE.

Ahora la existencia de LyFC está en manos de una resolución judicial que esperemos sea a favor de los 44 mil trabajadores y de manera indirecta para la población que recibe un servicio que todavía es público.

Creación del SME

Foto: SME

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fue fundado por trabajadores electricistas de la MLP, del sector telefónico, tranviero y electricistas privados, el 14 de diciembre de 1914, es decir, este 2009 hubiera cumplido 95 años de existencia. El primer Secretario General del Comité del SME fue Luis R. Ochoa y el Secretario del Interior, Ernesto Velasco.
Si bien la MLP trajo al país nueva tecnología y empleó una gran cantidad de trabajadores, la explotación laboral que hacía de éstos era evidente: bajos salarios, constantes accidentes y represión de cualquier intento organizativo de los trabajadores por parte de la policía privada de la empresa. Esto cambiaría en 1906 cuando los hermanos Sánchez (Rafael y Silvestre), antiguos trabajadores de la Cía. Mexicana de Gas y Luz Eléctrica Limitada ofrecen su casa, ubicada frente a la subestación de tranvías denominada “La Nana”, como espacio de reunión para iniciar el proceso de organización. Ese mismo año se fundó la “Liga de Electricistas Mexicanos" cuyo primer órgano periodístico fue "Electrón”. La empresa despidió a todos los trabajadores que participaron en estos procesos.
En los primeros años de la Revolución Mexicana los trabajadores electricistas no tomaron postura, pese a sufrir de bajos salarios, despidos injustificados, falta de herramientas de trabajo adecuadas y represión ante cualquier intento de organizarse para solicitar mejores condiciones de trabajo. Inclusive la Liga de Electricistas Mexicanos desapareció. En 1914 los trabajadores tranviarios realizaron una huelga, aunque el gobierno de Carranza intentó evitarla, ellos tuvieron que abandonar la capital del país de manera precipitada y así surgió el Sindicato de Obreros y Empleados de la Compañía de Tranvías. Esto alienta a los electricistas y el 14 de diciembre de 1914, en compañía de trabajadores telefonistas de La Mexican Telegraph and Telephone Company y Teléfonos Ericsson, realizaron la asamblea constitutiva del "Sindicato de Empleados y Obreros del Ramo Eléctrico" y el 21 de diciembre el nombre de la organización es cambiado a "Sindicato Mexicano de Electricistas" (SME). A diferencia de los trabajadores ferrocarrileros, el SME antes que buscar pactar con el gobierno, se preocupó primero por mejorar las condiciones salariales y laborales del gremio. Las demandas principales eran: aumento de salarios, jornada máxima de ocho horas, pago extra por trabajo extra y desaparición de los cuerpos de seguridad de las empresas.
Durante los siguientes años el SME se distinguió por mantener cierta independencia y combatividad. Realizó varias huelgas y se enfrentó al gobierno del Presidente Carranza en defensa de sus demandas laborales, las cuales se lograron primero ante la MLP y posteriormente se reflejaron en la Constitución de 1917.
A diferencia del Sindicato Nacional de Electricistas, Similares y Conexos de la República Mexicana (SNESCRM), fundado durante el gobierno cardenista, al mismo tiempo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 1937, el SME se caracterizaba por ser un sindicato relativamente más independiente; lo que estuvo en peligro cuando se vinculó con el Partido Nacional Revolucionario y el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), antecesores del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aunque en 1940 el SME acordó su salida del PRM y se declaró apartidista, en 1943 reingresó postulando a sus dirigentes para diputados federales. Finalmente es en 1952 cuando rompe de manera definitiva con el esquema del sindicalismo corporativista.
En 1960 el SME realizó aportaciones en materia de la nacionalización de la industria eléctrica que quedarían plasmadas en el art. 27 constitucional y en 1968 se solidarizó con el movimiento estudiantil. En 1985 la Compañía de LyFC y la CFE firmaron el Convenio de Delimitación de Zonas, donde la zona de influencia de la primera queda reducida en más del 50 por ciento de su extensión original.
Ante el intento del Presidente Vicente Fox de retomar el tema de las privatizaciones, que inició en 1994, se realizaron manifestaciones en contra, entre éstas, varias convocadas por el SME. Es así que a través de toda la historia de la paraestatal, el SME ha luchado activamente por los derechos de los trabajadores, no sólo de los electricistas, sino de otros sectores además del obrero como el campesino y el estudiantil; ante las injustas decisiones que se toman de manera unilateral para extinguir un sindicato que ha enfrentado varios intentos de privatización, y no sólo la de la luz, éste inicia otra lucha y resistencia.

El decreto

En los primeros minutos del domingo 11 de octubre, un decreto del Gobierno Federal puso fin a la existencia de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, abastecedora de energía eléctrica para 6 millones de usuarios en el Distrito Federal y áreas de los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. El proceso de liquidación de la paraestatal estará a cargo de otro organismo federal, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
De acuerdo con el decreto expedido por el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con fecha del 11 de octubre de 2009, el organismo descentralizado LyFC, queda extinguido y su personalidad jurídica será conservada exclusivamente para los efectos del proceso de liquidación.1

Foto: SME

En el apartado de “considerando”  se argumentan las causas para tal decisión y entre éstas se señalan: 1) el pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones al personal jubilado; 2) el porcentaje de pérdidas totales de energía de LyFC, de casi tres veces más de lo que presentaba CFE; el que LyFC no haya alcanzado la suficiencia financiera y además subsista a partir de las transferencias financieras y que el costo de mantener a LyFC no resulta conveniente ni para la economía ni para el interés público. Sobre estos considerandos, el Centro de Reflexión y Acción laboral (Cereal), organización civil defensora de los derechos laborales, señala que “es posible mediante estudios demostrar que la “ineficiencia” es provocada por las políticas públicas de Hacienda y Energía y no por Luz y Fuerza del Centro. En todo caso, lo que correspondería sería remover a los Secretarios de Hacienda y Energía”.2
El decreto señala que “la Ley Federal de las entidades Paraestatales establece que en la extinción de los organismos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, por lo que, toda vez que Luz y Fuerza del Centro fue creada por decreto del Ejecutivo Federal, su extinción debe hacerse a través de un instrumento de la misma naturaleza.” Respecto a esto, también Cereal apunta que el decreto “reconoce que la creación del Organismo Descentralizado denominado Luz y Fuerza del Centro fue ordenado primeramente por el Legislativo, mediante la modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; y sólo en segundo lugar mediante Decreto del Ejecutivo. En tal consideración, la liquidación de Luz y Fuerza del Centro debió seguir el mismo procedimiento: primero modificar el artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y después el Decreto en que se fijen las bases de liquidación. Jurídicamente, el Decreto del Ejecutivo contradice abiertamente el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por lo que excede las facultades reglamentarias del artículo 89 Constitucional.”3
El decreto señala además que la liquidación de la compañía estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAEB) y en el artículo 4 también se establece que “se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y las indemnizaciones correspondientes se harán conforme a lo dispuesto por el Contrato Colectivo de Trabajo, la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables. Las indemnizaciones deberán ser pagadas en el menor tiempo posible.

Toma de instalaciones

Antes de hacer público el Decreto, el sábado 10 de octubre antes de las 23 horas, unos 500 elementos de la Policía Federal ocuparon las instalaciones centrales de la  de la Compañía de LyFC, ubicadas en Circuito Interior y Marina Nacional, en la colonia Tlaxpana. Otros tantos ocuparon las instalaciones ubicadas en diversas zonas del Distrito Federal. Los uniformados mostraron una orden para ocupar el edificio y más de 10 personas que lo vigilaban permitieron el ingreso, sin que se presentaran incidentes que lamentar. Si bien los medios de comunicación señalaron que la toma de instalaciones se hizo sin violencia, trabajadores presentes en el momento señalaron que algunos elementos de la policía se expresaron con insultos y con amenazas verbales para obligarlos a entregar las instalaciones y a retirarse de manera inmediata. Por ejemplo, y de acuerdo a una entrevista realizada a un ex trabajador de LyFC, en la Subestación de Ecatepec hubo violencia por parte de la policía, ya que ésta cuenta con una tradición de trabajadores muy aguerridos, “allí sí hubo violencia, hubo patadas, golpes cachetadas, les dijeron: ’te van a matar porque vieron que te pusiste al brinco’(sic).”
Este mismo trabajador cuenta que “me enteró por la televisión de lo que estaba pasando, uno de mis compañeros me llamó por teléfono y me confirmó que acababan de decretar la extinción de LyFC, empecé a llamar a otros compañeros y gente que pudiera tener más información, fue sorpresivo aunque siempre hemos sabido que querían desaparecer a la empresa y al sindicato. Al día siguiente me fui temprano al Sindicato, allí Martín Esparza señaló que nos defenderíamos de este acto ilegal y dijo de manera muy contundente que  no debíamos caer en provocaciones, que todo los que hiciéramos debía ser de manera pacífica. Comenzaron a realizarse reuniones y asambleas de cada sección”.
El operativo fue realizado de manera simultánea en diversas instalaciones de la paraestatal. En los alrededores de las oficinas administrativas se instalaron vallas de acero para resguardar la zona. Cabe señalar que las instalaciones están bajo requisa, es decir, los trabajadores del SME no tienen acceso a nada, a ninguna de las oficinas o subestaciones. No se les permitió sacar sus objetos personales ni ningún documento o herramienta; absolutamente nada debido a la requisa. Al respecto, el director asociado de la central obrera estadounidense AFL-CIO, después de realizar una investigación sobre los hechos, concluye que la toma de instalaciones viola los Convenios 87 y 98 de la OIT.1

Derechos violentados

Los derechos que se ven violentados con el Decreto de extinción de LyFC son varios y deben abordarse desde diversas perspectivas, por un lado tenemos aquellos propios del decreto y la forma en la que se llevó a cabo y por otro, las violaciones de fondo en todo el asunto.
Por una parte, el Decreto mismo y la forma en la que el Ejecutivo Federal lo hizo valer son violatorios del derecho de seguridad jurídica protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en sus artículos 25 y 14 respectivamente. Al privar a los trabajadores de sus empleos sin que hubiera una causal que lo justificara ni seguir los procedimientos que la ley establece, se violentó igualmente el derecho a la estabilidad laboral contemplado en el artículo 7 fracción “d” del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos  en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), y el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Este acto violenta igualmente los artículos 7 del PIDESC y 8 del Protocolo de San Salvador por lo que toca a los derechos sindicales, así como al artículo 16 del la Convención Americana y 22 del PIDCP en cuanto a la libertad de asociación. Al violarse los derechos laborales de las y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro se han puesto en riesgo, como lo mencionó la RED TDT en su comunicado de fecha 10 de noviembre2 , los derechos a la seguridad social, a la alimentación, salud y al disfrute y participación de los bienes culturales, contemplados en los artículos 9,10, 12 y 14 del Protocolo de San Salvador y 9, 12 y 15 del PIDESC.
No sólo los instrumentos internacionales de derechos humanos se vieron vulnerados con este acto, el decreto es violatorio de los artículos 5, 14, 16, 123 Constitucionales, y de varios de la Ley Federal el Trabajo; también hay que señalar que se están violentando derechos humanos de los trabajadores, como es el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de expresión, derecho de asociación, derecho a la información, seguridad jurídica y todos aquéllos que se relacionan con ellos como el derecho a la vida o derechos de familia.
La legalidad del decreto que extingue a LyFC ha sido cuestionada desde su emisión, numerosos juristas y expertos en materia laboral y constitucional, han manifestado reiteradamente su inconformidad ante este acto unilateral por parte del Ejecutivo. Resulta irónico que una administración que mantiene en su discurso el “Estado de Derecho” no encuentre límites en las garantías de los habitantes del país y pase por encima de un sinnúmero de derechos con tal de conseguir sus objetivos.
Ante esta situación, abogados y académicos de renombre internacional emitieron un comunicado en el que sostienen que el decreto es ilegal y conculca las garantías de los mexicanos. En el comunicado de los abogados del SME, dirigido, entre otros a la opinión pública, los juristas Dr. Néstor de Buen Lozano Dr. Raúl Carrancá y Rivas, Lic. Carlos de Buen Unna, Dra. Betty Zanolli Fabila, Lic. Refugio Rodríguez Núñes, Lic. Pedro Gómez Hernández, Lic. Ignacio Burgoa Llano, desmenuzan la inconstitucionalidad y consecuente ilegalidad del Decreto en cuestión. De acuerdo con éste, la inconstitucionalidad surge puesto que el Decreto no acató el principio de legalidad y tampoco la garantía de audiencia.
Al respecto, vale la pena recordar los textos de los artículos mencionados arriba:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

También manifiestan que al haberse privado a los trabajadores de sus derechos laborales, el SME está legitimado para defender las garantías individuales y/o sociales mediante el juicio de amparo, toda vez que es el titular del contrato colectivo de trabajo de acuerdo con lo prescrito en el artículo 123, A, XVI.
Seguidamente comunican que en el supuesto de que la extinción de LyFC fuese constitucional, aclarando que no lo es, lo que procedería sería la sustitución patronal, es decir, que no podrían terminar las relaciones de trabajo. Y puesto que la extinción presuntamente se basa en la inviabilidad económica, hay entonces que revisar los artículos 434, II y 435 III de la Ley Federal del Trabajo. El primer precepto reconoce como causa de terminación de las relaciones de trabajo la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación y el segundo contiene el mecanismo que habla de que en ese caso el patrón previo a la terminación debe obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. Y concluyen que al “no haber obtenido la referida autorización, (…) el Estado, violó las garantías de audiencia y de seguridad jurídica, conculcando derechos laborales fundamentales como la estabilidad en el empleo, la reinstalación obligatoria, la asociación profesional y las libertades de afiliación sindical y de negociación colectiva.”3
El comunicado recuerda también que el Decreto creador de LyFC que data de 1994 tuvo origen legislativo, lo que ahora implica la ineficacia del decreto presidencial al carecer de la misma validez jurídica de la norma que deroga, dicho de otra forma, sólo un Decreto de naturaleza legislativa podía extinguir LyFC.
No podemos negar el interés que suscitan dichas reflexiones jurídicas, en efecto qué peligroso para la ciudadanía tener un gobierno al que las garantías de legalidad, de audiencia le son indiferentes porque enfila a un Estado totalitario, pero hoy nuestra reflexión sigue por otros derroteros.
De qué sirven los sutiles razonamientos legales en un país donde no impera el derecho, de qué sirve una Constitución si sus preceptos no se hacen valer ni obligan ni, valga la redundancia, constituyen absolutamente nada sino que se vuelve una pieza servil del poder lejos de ser una contención a la capacidad embrutecedora de éste; surge la pregunta si necesitamos leyes realmente, en consecuencia, se filtra la duda si necesitamos todo el costoso aparato de justicia y finalmente, si necesitamos en verdad un gobernante que cínicamente invoca el Estado de Derecho mientras lo atropella en los hechos y da ejemplo al mundo de que en México no sólo las leyes no se respetan, sino que es el titular del Ejecutivo el primero que no las respetar y eso al abrazo de la más negra impunidad.

La ilegitimidad va preñada de un vástago bastardo: la fuerza.
Y empleando su nefasta descendencia pugna por arrogarse legitimidad
de la única forma que está a su alcance: la imposición.
(Victoria Beltrán)

 

Políticas energéticas y privatización

Ahora bien, el decreto de extinción llama la atención respecto a lo que sucederá con la energía eléctrica como un bien público. Y en ese sentido no hay que perder de vista los fines que persiguen las políticas energéticas desde hace ya varios años. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en el Eje 2 “Economía competitiva y generadora de empleos” es transversal a las políticas públicas el crecimiento de la economía y la generación y cuidado de los empleos como forma de combatir la pobreza. En este eje de acción se definen las políticas en materia energética.
En el planteamiento general del eje se sostiene que es condición que haya rentabilidad de la inversión vía garantías jurídicas de protección y seguridad a las personas y a la propiedad, con un enfoque productivista y competitivo en la relación laboral, transformación de las empresas públicas; fomento de la inversión pública y privada: “Crear un vínculo estrecho entre el sector público, la academia y el sector empresarial. Sólo así podrán plasmarse exitosamente los nuevos conocimientos en procesos productivos […] en muchos países, el sector privado juega un papel tanto o más importante que el sector público en el desarrollo y aplicación de nuevas ideas”1 , encaminado a la transformación y financiamiento privado de las empresas públicas, es decir, a su desaparición con la creencia de que se estará a la vanguardia de empresas internacionales.
El Objetivo 15 es el que se refiere a la energía eléctrica e hidrocarburos, éste hace referencia a la Compañía de LyFC afirmando que hay una pérdida del 33% en transferencia financiera a la compañía por falta de cobro o pérdida, aunque no especifica a qué se refiere con esta última. Al igual que el planteamiento general, en materia de electricidad se antepone el impulso a la competitividad y la inversión dirijida hacia un servicio de calidad, uso de tecnología de punta y el uso del gasto de manera eficiente antes que a la reflexión conjunta, con los trabajadores sobre cómo sería una reforma que pudiera no sólo tener soluciones sobre estos puntos sino además sobre la cuestión laboral y la autonomía sindical.
El diferendo radica en la forma en que quiere hacerse. La transformación de la empresa encargada de dotar de electricidad a la región centro del país se relaciona con la utilización de energía sustentable, por ejemplo la energía eólica2 o el uso de biocombustibles; de la primera parece que la empresa española Iberdrola está interesada en invertir y los biocombustibles es un tema aún no debatido, por lo menos no de manera pública porque implica utilizar alimentos para generar tal energía. En ambos casos se modificaría el marco jurídico para facilitar la inversión.
La desregulación del Estado, o mejor dicho la falta de control del Estado sobre sus obligaciones tiene nombres y apellidos. Los principios que se han admitido impostergables como: el libre mercado; la adecuación de los marcos jurídicos en beneficios de éstos; el “saneamiento” y eficiencia de las empresas para que sean competitivas en servicio y tecnología, lo que más bien genera dependencia; las soluciones artificiales bajo la firme creencia que la inversión privada garantizará tales cosas; la comercialización de los servicios que a su vez se arropan como derechos; tienen un gran impacto en el nivel de vida de la población y por tanto, en sus derechos.
Así pues, es evidente el conflicto de intereses, entre quienes defienden los propios y de las empresas nacionales y extranjeras sin ninguna responsabilidad de por medio y quienes defienden los de la población en tanto derechos. Las políticas públicas en materia estratégica como la energética, se nos van como agua en las manos.

Apertura al capital privado de bienes públicos

El gobierno federal ha argumentado que la extinción de LFC se debe, principalmente, a las grandes transferencias monetarias que recibe, al servicio ineficiente, a los cobros excesivos, a que los trabajadores tienen muchos privilegios. Es verdad que hay problemas que tienen que resolverse para eficientar el servicio: el cobro, el mantenimiento, etc., pero no con la desaparición de la paraestatal.
La estrategia ha sido descapitalizarla y culpar a los trabajadores de ser responsables de las pérdidas, cuando en buena medida las pérdidas financieras que empresas e instituciones de gobierno dejan de pagar y no sólo el público usuario; datos obtenidos por el diario La Jornada señalan que hay cuentas por cobrar “… 6 mil 549 millones 713 pesos que adeudan los gobiernos federal, estatales y municipales”.3
También hay que considerar que la generación de energía en buena medida depende de la compra en bloque a la CFE, según datos de la Secretaría de Energía en 2007 la compra de energía ascendió a 3 mil 822 millones 632 mil pesos4 . A su vez, la CFE compra energía a empresas privadas y permite que operen suministrando tal servicio a través de la figura de Productor Independiente de Energía. Esta figura está reconocida en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica5 “… para generar energía eléctrica destinada a su venta a la Comisión Federal de Electricidad… mediante convenios a largo plazo…, o previo permiso de la Secretaría [de Energía, Minas e Industria Paraestatal] en los términos de esta ley, a exportar total o parcialmente dicha producción.”6 Las actividades permitidas incluyen, además de la generación, la conducción, transformación y entrega de la energía. Cabe mencionar que la concesión puede durar hasta 30 años con la posibilidad de renovación.
Las tarifas que ofrecen estas empresas a CFE por la venta de energía parecen ir en aumento en cada licitación, tal es el caso de las termoeléctricas Altamira V concedida a la empresa española Iberdrola, quien cobra 38.99 centavos por kilovatio/hora y Valladolid III a Mitsui a 43.60 pesos [sic] por kilovatio/hora7 . Datos del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) señalan que bajo el esquema de Productor Independiente “La compra de energía significó para la estatal en el 2002, un gasto de 7 mil 814 millones de pesos, mientras que en 2007 el gasto alcanzó los 64 mil 647 millones de pesos, lo que representa un aumento de 827% en cinco años.
Y esto ¿qué tiene que ver con la extinción de Luz y Fuerza del Centro y qué hay detrás de ella? Según argumentos del gobierno federal la extinción y posterior traslado a la CFE es para garantizar la eficiencia en la distribución de energía eléctrica pero ¿cómo va a garantizarse tal eficiencia en la CFE si ésta depende cada vez más de lo que le compra a las empresas privadas?8 Los costos los imponen dichas empresas y además, el gas natural9 , insuficiente en nuestro país, se compra en el exterior a precio internacional.
Los costos del aumento de tarifas de las empresas que están bajo el régimen de Productor Independiente más esta importación de combustible generan mayores costos para la CFE y por tanto, se traslada a la población el aumento de las tarifas eléctricas por un lado, y por el otro, la descapitalización de las paraestatales para llevarlas a la quiebra y así ser susceptibles de una inversión privada de manera más abierta, es decir, a la privatización de la generación, transmisión y distribución del servicio público de energía eléctrica.
La privatización conlleva varias violaciones a los derechos humanos: le quita responsabilidad al Estado en su obligación de dotar de energía eléctrica a la población como una posibilidad de desarrollo, también le quita la responsabilidad de garantizar protección laboral a los trabajadores de dichas paraestatales (ahora es LFC y después será CFE), inclusive Iberdrola funciona como outsourcing de CFE con la extinción de LFC, es decir, CFE está subcontratando personal a través de una convocatoria en la página de Iberdrola.10
De lado de la población, los incrementos a las tarifas de luz afecta la economía familiar, dificultando la adquisición de alimentos, transporte, educación, salud; al tiempo que por exigir pagos justos son criminalizados, encarcelados e inmiscuidos en procesos viciados, tal como ocurrió con Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas en Candelaria, Campeche, por estar en contra de los cobros excesivos y por el corte al servicio de luz por parte de la CFE.
La privatización también va acompañada de prácticas de corrupción tal como el reciente escándalo que salió a la luz en E.U. donde intermediarios obtenían contratos redituables de la CFE en los cuales están involucrados funcionarios de la paraestatal, una empresa suiza y empresas nacionales aún no identificadas.11
La corrupción se expresa en la discrecionalidad en el cobro del servicio de luz. La morosidad en los pagos de sectores públicos y privados “Al cierre de 2008, Luz y Fuerza del Centro (LFC) reportó 12 mil 316 millones de pesos por cobrar… cerca de 60 por ciento corresponde a empresas e industrias y el resto a dependencias y organismos del sector público.”12 El cobro y corte de luz se manejó a juicio de directivos de LFC, señala un trabajador “Los jefes nos decían: ‘échale ganas al cobro de cuentas ordinarias’, pero poco o nada se hizo con las cuentas especiales, área que se manejaba con total discrecionalidad. Imagínese ir a cortar un servicio y que el mismo dueño de la fábrica se comunicara ahí, frente a nosotros, con el ingeniero Zapata (responsable de la gerencia comercial en LFC), y luego éste nos ordenara que dejáramos el servicio como estaba.”13
La inequidad, además, también se da en el ámbito laboral donde directivos jubilados cobran lo triple de cuando trabajaban en LFC. En este país se paga no sólo con la inequidad misma, sino con la responsabilidad trasladada a la población o a los trabajadores, según sea el caso, para extinguir una empresa estatal siendo que las responsabilidades van en otra dirección. Llámesele reestructuración, saneamiento, extinción, etc. el objetivo es privatizar. Cuando la CFE no pueda cumplir con las tareas que realizaba LFC ¿a quién trasladará la responsabilidad y a costa de qué?

 

Medios de comunicación y sociedad civil

La forma en que se difundió la noticia de la extinción de LyFC, así como las acciones llevadas a cabo por el SME para contrarrestar el decreto, han sido colocadas en los medios pero con el objeto de legitimar la decisión federal.
Por ello hay que resaltar que la injerencia de los medios de comunicación en el acontecer mundial es un factor determinante para cambiar los escenarios político, económico y social. En México, existen dos empresas principales encargadas de la difusión masiva de información en todo el país, Grupo Televisa y Grupo Salinas, las cuales también participan en radio y medios impresos, en pocas palabras, tienen el control total de la información que se genera y difunde. Alrededor de ellas, otros medios televisivos, impresos y cibernéticos alternativos intentan romper con la tergiversación de los hechos acontecidos.
La noticia del cierre de LFC se difundió, resaltando cómo la policía federal entraba a las principales instalaciones de dicha compañía para tomarlas y desalojarlas, mencionando que estas acciones habían sido ordenadas por el presidente. La razón que se ha dado sobre el tema es que esta compañía era un gasto innecesario e insostenible para el país. Por otro lado, tanto en televisión como en radio, se dió a conocer que el SME llevaría a cabo acciones para revertir la extinción, pintando a éstas como actos de violencia o “falta de respeto a la sociedad que si quería trabajar y que no tenía porque soportar los reclamos sin razón de unos cuantos trabajadores que sólo seguían las ordenes de su sindicato”; que la indemnización que se les iba a otorgar no era justa para todos, sobre todo para los que estaban a punto de jubilarse o llevaban muchos años trabajando en esta empresa; cuando la realidad mostraba los miles de desempleados que ha dejado esta decisión.

“Luego de calificar como poco objetivos a los medios de comunicación Martín Esparza Flores advirtió que a partir de ahora seguirán las visitas de electricistas a los medios de comunicación, como lo hicieran ayer a Radio Fórmula en sus instalaciones de Polanco, durante la transmisión del programa del periodista Joaquín López Dóriga, quien suspendió la emisión media hora antes de su término, por prudencia dijo, y en protesta ante la insistencia de querer entrar al aire en su programa.”1

Sociedad civil

Foto: SME

Las reacciones de la sociedad civil frente al decreto que extingue a LyFC no se han hecho esperar, por una parte tenemos a un amplio grupo de la sociedad que de manera complaciente “compra” lo que la mayor parte de medios masivos de comunicación han manejado al respecto, sin tener una perspectiva crítica o preocuparse siquiera por la veracidad de la información que están recibiendo; sin embargo, también hay un amplio sector de la sociedad que no ve satisfecho su derecho a la información y que analiza el problema tratando de encontrar sus orígenes reales y consecuencias. Las reacciones ante el decreto no se dieron sólo dentro de nuestras fronteras, numerosas asociaciones sindicales y de la sociedad civil se han pronunciado al respecto.
Queremos destacar dos comunicados que se dan en este contexto, ambos emitidos el día 10 noviembre a un mes de la emisión del decreto; uno firmado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, integrada por 68 organizaciones defensoras de derechos humanos a lo largo del país; por otro lado, un comunicado emitido por Redes Sociales y Sindicatos de energía de Canadá y Quebec.
La RED TDT hace un análisis del decreto y reitera que el ejecutivo se extralimitó en sus funciones, violentando el marco constitucional y la Ley Federal del Trabajo, al no seguir un proceso similar al que le dió creación a LyFC es decir un proceso previo en el congreso de la Unión. La RED asevera que “el decreto es un acto de simulación jurídica cuya verdadera naturaleza es la de ser parte de una campaña anti sindical”, cuestión que se acredita cuando los funcionarios del gobierno federal se niegan en reconocer la figura de sustitución patronal en la que la empresa que sustituya a la paraestatal debería asumir todas las obligaciones que ésta tenía con sus trabajadores y sindicato, afirmando que la razón por la que no se acepta la sustitución es para no dar continuidad al SME o al contrato colectivo de trabajo.
La Red hace referencia a la forma en la que el tema se ha manejado en los medios de comunicación y resalta que el Secretario del Trabajo Javier Lozano reconoció que el salario promedio en LyFC era de seis mil seiscientos pesos al mes, con lo que se contradice el ataque mediático que sostenía que uno de los grandes problemas de la empresa eran las exorbitantes cantidades destinadas a pagar los sueldos de los trabajadores (un 13.5% de los egresos de la empresa); también hace referencia a la campaña de descredito que el gobierno mantiene contra el SME y de los derechos de los trabajadores señalando que la mayoría de los medios de comunicación han colocado toda la carga en los trabajadores y trabajadoras ignorando la responsabilidad de quienes han administrado la empresa y las autoridades encargadas de la política energética.2
El otro comunicado de organizaciones al que queremos hacer referencia es el emitido por Redes Sociales y Sindicatos de la Energía de Canadá y Quebec, el pronunciamiento condena las actuaciones del gobierno de los días 10 y 11 de octubre pasado al emitir un decreto de extinción sin la autorización obligada del Congreso de la Unión, el despido sin previa autorización judicial de 44 mil trabajadores y la vulneración de más de 15 mil jubilados y jubiladas. Se condena el hecho de que la acción unilateral del gobierno para liquidar Luz y Fuerza del Centro crea las condiciones para fusionar las instalaciones y activos de la entidad con CFE con el objetivo de entregarlos al sector privado; se condena el acto por ser un atentado en contra de la empresa pública y los derechos de los trabajadores, en contra de la seguridad social, el derecho humano a un proyecto de vida, la integridad y dignidad de los trabajadores reconocidos por la Corte Interamericana de derechos humanos, y se vulneran los derechos consagrados en la OIT, al empleo, a la libertad sindical y a la contratación colectiva. Señala de forma enérgica que igualmente se ha quebrantado el estado de derecho agravando el descontento social producido por la crisis económica actual.
El comunicado termina afirmando que la energía es un derecho humano fundamental de nuestros pueblos y que la privatización no es la forma a seguir, afirmando que la libertad sindical y el derecho de asociación y negociación es una condición indispensable para enfrentar los desafíos actuales del sector energético.
Lo plasmado en estos dos comunicados es el reflejo de la opinión de cientos de organizaciones en México y en el mundo, denunciando el menosprecio que el Gobierno Federal tiene hacia los controles legales y constitucionales cuando se trata de imponer su voluntad.

Acciones jurídicas contra el decreto

A partir del Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) también ha habido reacciones en el plano jurídico. Se han promovido amparos, controversias constitucionales, demandas por despido injustificado, además de que tangencialmente han ocurrido denuncias en materia penal después de los sucesos acaecidos el 11 de noviembre del año en curso.
Referente al amparo la juzgadora de la causa concedió la suspensión tanto provisional como definitiva que, en palabras del laboralista Néstor De Buen: “La juez –dijo– concedió la suspensión definitiva en vía de amparo para dos efectos: que la junta se abstenga de emitir laudos que concreten la liquidación de la empresa y que no pueda aprobar los convenios de liquidación, hasta que se resuelva la demanda de amparo de fondo”.3
Cabe señalar la reacción del gobierno mexicano en el sentido de que en nota del mismo 7 de noviembre insta a los trabajadores a desistir de las acciones jurídicas y su aseveración en el sentido de que tanto el SME como sus abogados están conduciendo a las y los trabajadores a “una auténtica aventura, porque estoy seguro, dijo, que se actuó con estricto apego a la legalidad (para expedir el decreto) y ni la vía del amparo o la controversia constitucional prosperarán”4 ; aseveraciones que no dejan de ser una presión que no corresponde a una dependencia que de acuerdo a la Ley de la Administración Pública Federal tiene por obligación vigilar la observancia y aplicación del artículo123 Constitucional.
Trascendió en notas periodísticas que al rendir sus informes con justificación las secretarías de Gobernación, Energía, así como la de Trabajo y Previsión Social respondieron que la extinción de LFC era un hecho de consumado de modo irreparable, lo que es una causal de improcedencia para el juicio de garantías según el artículo 73, IX de la Ley en la materia; negaron las violaciones constitucionales derivadas del decreto y defendieron que el decreto en cuestión no invadió esferas de competencia del Congreso de la Unión ni tampoco carecía de fundamentación y motivación. Finalmente el viernes 11 de diciembre se resolvió el juicio de garantías, en el sentido de negar el amparo.
Otra vía que se intentó en contra el Decreto es la Controversia Constitucional, esta figura contemplada en el artículo 105 constitucional “garantiza la regularidad de las normas o actos de las autoridades federal o locales respecto de la Constitución, y se resuelven disputas entre órdenes distintos o entre los órganos pertenecientes a los órdenes inferiores al constitucional.5
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) presentó controversia constitucional en contra del decreto de extinción de LyFC, misma que recibió resolución por adelantado emanada del secretario del Trabajo Javier Lozano en el sentido de que ni la controversia ni los amparos prosperarían. Malos augurios (¿sentencia previa a juicio?) que fueron confirmados posteriormente por la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando el ministro José Ramón Cossío Díaz desechó, por indudable improcedencia, la controversia constitucional presentada por la ALDF, al considerar que ésta carece de interés legítimo para interponer la controversia. El ministro lamentó que en la demanda no se argumentara acerca de violación al artículo 122 de la constitución, relativo a la relación jurídica de la capital, toda vez que en este tipo de demandas se debe demostrar que el acto impugnado afecta atribuciones de autoridades del Distrito Federal. Hubo por lo menos otro intento de interponer controversia constitucional esta vez con el poder legislativo como actor, sin embargo, no prosperó.
Tomando en consideración la resolución de la Corte, podríamos suponer que el Congreso era entonces el órgano legitimado para interponer la controversia constitucional, sin embargo, para ello se requería más que la facultad legal, se requería voluntad política y ésta no existió. En la fecha límite para la interposición de la controversia no se habían reunido los votos suficientes en la Cámara de Diputados para apoyar la iniciativa, las razones por las que no se apoyó fueron muy variadas, pero su validez es cuestionable, puesto que ponen de manifiesto, por un lado, presiones netamente políticas ajenas a la legalidad el decreto y por otra, la vieja imagen de un presidente “omnipotente” que no comete errores; cuestiones ambas contrarias al principio de legalidad que debe proteger los intereses de los trabajadores.
Una vía que se llegó a plantear fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación empleara las facultades de investigación que le confiere el artículo 97 constitucional como lo hizo en casos como Acteal, Aguas Blancas, Atenco o Oaxaca, a pesar de que los efectos de dicha facultad son severamente cuestionados se pensó que la misma podría ser una vía para estudiar la legalidad del decreto de extinción.
Asimismo, poco antes de la primera quincena de noviembre, el escrito donde el SME solicitó a la SCJN investigara la violación grave de garantías individuales que le fuera inflingida a las y los electricistas despedidos en virtud del decreto de extinción, al amparo de la facultad de investigación de la Corte contenida en el artículo 97 de la Constitución Política, la petición fue desechada por notoria improcedencia. De acuerdo con información periodística, el diez de noviembre el ministro presidente de la SCJN, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia respondió que de acuerdo con el mencionado artículo 97 únicamente el titular del Ejecutivo Federal, alguna de las cámaras de Congreso de la Unión, los gobernadores y los ministros de la Corte, tienen legitimidad para solicitar se investigue.
De acuerdo con expertos, los trabajadores de LyFC tendrían la opción de invocar la figura de la sustitución patronal, es decir, la asunción de los beneficios y obligaciones por parte del patrón que releva a otro que desapareciera. En su momento el abogado de Buen planteó que se retomaría dicha figura en las demandas de reinstalación que se interpusieren.
Además de las acciones jurídicas emprendidas a nivel nacional, el SME ha manifestado su intención de presentar quejas ante instancias internacionales tales como la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

 

Conclusiones

La crisis económica y las consecuentes respuestas gubernamentales ante ella han resultado en la agravación del desempleo y en la merma en la vida de numerosas familias. Aunado a ello, el respeto y cumplimiento de los derechos laborales, en su dimensión individual y colectiva, lejos de avanzar, retroceden.
Una real autonomía de los sindicatos continúa pendiente y así no es posible hablar de una consolidación democrática en México. Los sindicatos oficialistas son una herramienta más de los sucesivos gobiernos para mantener bajo control a las y los trabajadores y favorecer más a los empresarios; su objetivo es “mantenerlos a raya”, de esta manera “prevenir” su organización autónoma, y por consiguiente, la reivindicación de sus derechos laborales. Pese a ello, es de reconocer la amplia lucha existente que denuncia y enfrenta estas condiciones.
No ha habido acceso a la justicia para las y los trabajadores de LyFC en virtud de que la única resolución fallada en su caso ha sido la del juicio de garantías y en el sentido de negar el amparo y justicia de la Unión, resolución que en palabras de abogados del SME no fue exhaustiva. Del resto de las vías es preocupante que ni siquiera llegue a ser estudiado el fondo, sino que desde un principio por cuestiones más bien formales o políticas, son desechados o no interpuestos. En una sociedad democrática no puede ser el mismo poder ejecutivo quien determine la constitucionalidad de sus actos, se requiere de un poder judicial sólido que pueda actuar como un contrapeso efectivo, esto es, que sea capaz de resolver y dirimir las controversias que se le presenten y que no meramente dé señales de existir como sistema inoperante toda vez que no resuelve finalmente nada porque siempre habrá una formalidad que alegar.

 

Biobliografía

Centro de Reflexión y Acción Laboral (2008). XI Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales durante 2007. La mano dura de Calderón. Tres reformas, arrebatar el poder a los trabajadores. México, Cereal - Fomento Cultural y Educativo, A.C.

Lastra Lastra, José Manuel. El sindicalismo en México. IIJ-UNAM. México 2007 Pág. 1

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Hemerografía

El Universal, sección Ciudad de México, 11 de octubre de 2009.

La Jornada. “Luz y Fuerza, quebrada por ‘altos funcionarios”. Política, 28 de octubre de 2009.

La Jornada. “Directivos jubilados de LFC ganan tres veces más que cuando laboraban”. Política, 29 de octubre de 2009.

Martínez, Fabiola “CFE hecha mano de la española Iberdrola para atender el servicio que tenía LFC”. La Jornada, Política. 2 de noviembre de 2009.

Palma, Margarita “Productores independientes de energía imponen precios a CFE”. El Financiero, 8 de marzo 2004.

Velasco, Elizabeth C. “El gobierno deberá enfrentar pasivos de LFC por 6 mil 215 millones56DF0.d  e pesos”, La Jornada, Política, 2 de noviembre de 2009.

Páginas web

Historia de LFC http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_y_Fuerza_del_Centro

Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/99.pdf

Plan Nacional de Desarrollo http://pnd.presidencia.gob.mx/

Montoya Martín del Campo, Alberto “Análisis de la extinción de Luz y Fuerza del Centro y propuestas de acción” http://vocesdelperiodista.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=455&Itemid=

Título de Permiso para generar energía eléctrica destinada a la exportación a través de un proyecto de producción independiente http://www.cre.gob.mx/registro/permisos/electricidad/e182exp00.pdf

 

Créditos

Colaboradores (por orden alfabético): Salomé Almaraz Reyes, Victoria Beltrán Camacho, Angélica Gay Arellano, Alfonso García Castillo, Erika Navarrete, Ana Luisa Nerio Monroy y Lorena Peralta Rojas.