Boletín bimestral - Año- Número 13 - Julio de 2010

Bienvenida

Damos la bienvenida a este décimo número de nuestro boletín electrónico, “El Centinela”. De conformidad con el Diccionario de la Lengua Española, el centinela es el soldado que vela guardando el puesto que se le encarga: en sentido figurado es la persona que está en observación de alguna cosa, la que se pone al preso para que no se le pierda de vista. Se le puso este nombre, aparentemente contradictorio con nuestra misión, porque justamente queremos observar y salvaguardar el cumplimiento de todos los derechos humanos frente a las arbitrariedades de los Estados; queremos ser firmes observadores de los sucesos y promotores de los derechos humanos, actuando inmediatamente en su defensa. Este boletín pretende renacer bimestralmente con una reflexión sobre los derechos humanos. Está dirigido a todo el público que tenga la visión de un gobierno y una sociedad que respeta la dignidad de las personas, en donde el bienestar colectivo sea un fin y, a éstas personas, les hacemos una invitación a luchar por un clima de respeto, defensa y promoción de los derechos humanos. De paso, ser partícipes de la discusión en nuestro foro virtual.

Muchas gracias a quienes hacen posible este proyecto.

Introducción y marco conceptual

Las personas se extasían ante el espectáculo de las ballenas en las aguas,
otros admiran las mariposas monarcas en bosques como retablos de leña y hojas,
y garzas pacíficamente cruzan los cielos.
Todos son bienvenidos, nos consideramos dichosos de recibirlos,
ellos todos son migrantes,
pero cumplen con un requisito: no son seres humanos.
Victoria Beltrán

La concepción del derecho a la migración como derecho humano es necesaria frente a las estructuras globales desiguales de la economía y al cierre de fronteras de Estados con el nacionalismo como ideología. Para las organizaciones del Manifiesto del Foro Alternativo de los Pueblos y el Tribunal Migrante eso se manifiesta en el concepto de una ciudadanía universal1 .
Las desigualdades estructurales provocaron el fenómeno de la migración como estrategia necesaria para sobrevivir y pueden entonces ser vistas como la fuente principal de la violación sistemática de los derechos humanos que forma la pobreza grave en las regiones de expulsión. En eso arraiga la idea del derecho humano a la no migración, es decir, el derecho a la posibilidad de vivir dignamente en el lugar de origen, si uno quiere. Es el derecho a no ser forzados a migrar.
El fenómeno de la migración existe desde que existen los seres vivos. En el caso de los seres humanos “consiste en el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva” 2. Desde el continente de África, la cuna de la humanidad, los primeros migrantes empezaron a descubrir casi todo el mundo, sobre todo en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Desde este punto de vista, no hace mucho tiempo que se implementaron las ideas de fronteras, territorio y una población pertenecientes a un espacio delimitado como Estado-Nación. Como consecuencia de esta normativización surgió una categoría de personas que carece de “la legitimidad” de estar en determinado lugar y por tanto, privada de los derechos que fueron pensados para las y los ciudadanos. Más recientemente, se ha implementado un sistema de documentos: pasaportes y visas, que como consecuencia, crearon la “posibilidad” de que quienes ingresan sin ellos a dicho territorio nacional sean considerados ‘indocumentado o ‘sin papeles’.
En México, según la información que da del Instituto Nacional de Migración (INM), el primer documento que hace referencia a extranjeros se publicó en 1854; en él se establecía que ellos no gozarían de derechos políticos. Más adelante, en 1886 se instauró por primera vez la posibilidad para deportar extranjeros. Y fue hasta 1908 cuando por primera vez se dispusieron restricciones para la admisión de extranjeros. Con la Ley de Migración del año 1926 empezó una política nacionalista y de control de flujos; se creó una tarjeta para identificar a los migrantes, lo cual permitió por primera vez distinguir formalmente a las y los ‘sin papeles’3 .
Sin embargo, los diversos procesos migratorios continuaron hasta hoy en día y aumentaron en las últimas dos décadas debido a la desigualdad económica y de oportunidades en América y en el mundo. En este contexto, México se ha caracterizado como país de expulsión, tránsito, destino y retorno de migrantes.
Dicho lo anterior, queremos dedicar este Centinela a la situación de las personas migrantes4 indocumentadas que eligen México como país de tránsito y destino porque, por su estatus, carecen la protección de las autoridades estatales y ven vulnerados muchos de sus derechos. Incluso Rodrigo Escobar Gil, Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la audiencia de la Corte del 22 de marzo de 2010, calificó la situación de los migrantes indocumentados en tránsito por México como tragedia humana, especialmente por el secuestro sistemático a causa del crimen organizado5 . Según Amnistía Internacional (AI), su viaje es uno de los más peligrosos del mundo.
No obstante, se trata de una tragedia casi invisible, pues apenas se publican algunas notas que reportan sobre casos de migrantes secuestrados, detenidos o desaparecidos. Para muchos mexicanos permanece oculto lo que se sucede en el país. Su situación no es prioridad ni para las autoridades mexicanas ni para gran parte de la sociedad. Sabemos de su vida, sus vivencias y las amenazas que sufren, sobre todo gracias a los albergues y centros de derechos humanos que trabajan diariamente con las y los migrantes y que documentan los abusos por parte de bandas delictivas y autoridades.
Queremos, entonces, contribuir a dar visibilidad al tema desde una perspectiva de derechos humanos, transversalizando la perspectiva juvenil, de género y no discriminación. En los siguientes apartados encontramos un pequeño análisis del contexto sociodemográfico que presentan las y los migrantes, seguido de una muy breve mención al marco jurídico nacional que los menciona, más no protege. En seguida abordaremos distintas situaciones en las que, al ingresar al territorio mexicano, las personas migrantes ven violentados sus derechos humanos civiles, económicos y sociales. Asimismo, abordaremos como entre el discurso y algunas medidas implementadas por las autoridades revelan la contradicción entre las exigencias de respeto a los derechos de las personas migrantes y el trato que las autoridades les dan en nuestro país. Finalmente, abordaremos los grupos de mujeres y jóvenes que por su condición de género y edad presentan un mayor grado de vulnerabilidad.

1 Manifiesto del Foro Alternativo de los Pueblos y el Tribunal Migrante; [En línea]. Disponible en web:
http://tribunalmigrante.saltoscuanticos.org/?p=53

2 Sin Fronteras [En línea]. Disponible en web:
http://www.sinfronteras.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=83. [Fecha de consulta: 17 de junio 2010]

3 Instituo Nacional de Migración (INM). Disponible en: http://www.inm.gob.mx/index.php?page/HISTORIA, [Fecha de consulta 17 de junio 2010]

4 Para efectos de esta publicación, cuando hacemos referencia a “las y los migrantes” nos referimos a las personas migrantes, denotando hombres y mujeres, intentando mantener las perspectivas y el lenguaje de derechos humanos y género.

5 A. Cruz Martínez, “Verdadera tragedia humanitaria, las agresiones a migrantes en México”. La Jornada, 24 de marzo 2010, p. 38.

Contexto socio demográfico

Por tratarse de migración ‘indocumentada’ no se cuenta con cifras oficiales. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estima que son alrededor 500 mil personas indocumentadas las que cruzan el territorio mexicano cada año1 . Esa cifra parece impresionante en comparación con los 492 mil 716 extranjeros residentes legales en el país (según el INEGI del año 2000) pues significa que la mitad de los movimientos migratorios no está controlada por las autoridades. Sólo se cuenta con cifras concretas derivadas de las estadísticas del INM sobre detenciones y repatriaciones. Según esas informaciones, “en 2009 64 mil 61 extranjeros fueron detenidos por el INM; de los cuales 60 mil 383 procedían de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Unos 60 mil 143 fueron repatriados voluntariamente o expulsados; a 2 mil 846 se les permitió regularizar su condición de migrantes y a 87 solicitantes de asilo se les otorgó la condición de refugiados”2 . Cabe destacar que hay un decremento significante y continuo en las detenciones a partir del año 2005. En ese año se registró la tasa más alta de 240 mil 269 migrantes detenidos3 .
De los datos aportados por el Instituto resalta que la quinta parte de los detenidos está conformada por mujeres y niñas; 10 por ciento del total son menores de edad. Sin embargo, al establecer las categorías de menores y mayores de 18 años se oculta el hecho de que en su gran mayoría son jóvenes los que migran. (Véase el capítulo sobre jóvenes).
Aunque algunos de los migrantes provienen de países más lejanos como China y Colombia, la mayoría empezaron su camino desde los países centroamericanos de Honduras, San Salvador, Nicaragua y principalmente, Guatemala.
En cuanto al por qué migraron y el por qué de su situación administrativa, podemos identificar tres categorías de migrantes indocumentados4 . La primera se conforma por los refugiados indocumentados de Guatemala que llegaron durante la Guerra Civil en el país vecino. En ese entonces, alrededor de 45 mil guatemaltecos se refugiaron en México y muchos se establecieron en nuestro país. Por las dificultades de regularizarse, sus hijos, en la gran mayoría, carecen de registro de nacimiento por tanto, de existencia legal. Por eso, hay tres generaciones de refugiados que, legalmente, no existen5 .
En la segunda categoría encontramos a las y los trabajadores agrícolas (sobre todo en el sur en fincas cafetaleras) así como trabajadoras sexuales y domésticas en las zonas fronterizas. Finalmente, la tercera categoría abarca a las personas en tránsito hacia Estados Unidos.
A partir de estas categorías identificamos algunos de los principales motivos que tienen para migrar: en primer lugar, distinguimos las razones económicas: la pobreza, la falta de oportunidades e inseguridad y desigualdad de salarios en los países de origen, específicamente en el continente de americano. Una segunda motivación es entonces la reagrupación familiar, el deseo de reunirse con los familiares que migraron antes. Cabe mencionar, que muchos también se van para conocer algo nuevo, por su desarrollo personal, lo cual muestra el aspecto cultural de la migración.

1 “Documenta AI en informe complicidad de autoridades en delitos contra migrantes” La Jornada, 28 de abril 2010, p. 14.

2 Amnistía Internacional, Victimas invisibles; migrantes en movimiento en México, Editorial Amnistía Internacional (EDAI), Madrid, España, 2010, p. 5.

3 Un conjunto de diversos factores explica esta baja: dinámicas migratorias en Estados Unidos, interrupciones en las rutas por cuestiones de infraestructura, baja de las cifras de migrantes por cuestiones socioeconómicas, más corrupción de los funcionarios públicos y cambios en la metodología de recopilación de la estadística del INM. Sin Fronteras. Situación de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo detenidas en las Estaciones Migratorias de México 2007–2009. México, Diciembre 2009, pp. 20 – 23.

4 Castillo, Manuel Ángel; “Los derechos humanos de los inmigrantes en México” en: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los derechos de los migrantes. México, 2009.

5 Rea, Daniela; “Niegan registro a hijos de migrantes”. Reforma , 24 de agosto de 2008, p. 23.

Marco jurídico

La Constitución señala que todas las personas en el país gozarán de las garantías contenidas en la Constitución, así como de todos los derechos que reconocen los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos. Las obligaciones del Estado en este sentido son respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas en el país incluyendo a las personas migrantes (trabajadores, solicitantes de asilo, refugiados, víctimas de trata y otras formas de violencia); sin embargo, esto está lejos de ser cierto. La misma Constitución establece excepciones para extranjeros, como el vergonzoso artículo 33 que es violatorio del debido proceso o la exclusividad para los mexicanos de nacimiento para poder acceder a la titularidad de diversos poderes contenidos en los artículos 55, 58, 82, 95 de la Carta Magna. Estas limitantes no son los obstáculos que enfrentan día con día los migrantes en el país. Son asuntos mucho más comunes, derechos que ejercemos en el día a día los que les son negados al enfrentar un trato discriminatorio en cuanto a la capacidad para acceder a diversos derechos por el simple hecho de ser migrantes.
Si bien se debe reconocer la facultad del Estado para regular asuntos migratorios no debemos perder de vista sus obligaciones en cuanto al acceso a servicios de salud, educación o justicia (por citar algunos) que requieren para hacerlos efectivos algo tan sencillo como una identificación que nos acredite como nacionales o extranjeros internados legalmente en México. Este es un requisito que parece de imposible cumplimiento para un gran grupo de migrantes y los imposibilita para acceder a estos derechos. Estos requisitos están establecidos en la ley, como el artículo 67 de la Ley General que a la letra dice:

Artículo 67. Las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así como los notarios públicos, los que sustituyan a éstos o hagan sus veces y los corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país, y que en los casos que establezca el Reglamento, acrediten que su condición y calidad migratoria les permiten realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación. En los casos que señale el Reglamento, darán aviso a la expresada Secretaría en un plazo no mayor de quince días, a partir del acto o contrato celebrado ante ellas.

Como se puede observar, este artículo limita el acceso de los migrantes a un sin número de derechos, ya que si bien no establece una prohibición para acceder a los mismos, en la práctica, sin la acreditación de la estancia legal en el país se restringen trámites o se amenaza con dar parte a las autoridades migratorias, cuestión que resaltó el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos de los Migrantes en su informe sobre México en 2008 “esa disposición puede dar lugar en la práctica a un trato discriminatorio de los trabajadores migrantes indocumentados, que limitaría su acceso a la justicia”1 .

1 Bustamante, Sr. Jorge. Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, A/HRC/11/7/Add.2, 24 de marzo de 2009, p. 8.

Situación de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos

Vías de acceso a México

Cruzar de Guatemala a México no es “cosa sencilla” y se complica más si no cuentas con los documentos y los medios económicos necesarios para hacerlo. Las personas migrantes provenientes de los países centroamericanos que no cuentan con los requisitos necesarios (y a veces hasta quienes sí cuentan con ellos) optan por los Estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco como vías de acceso a nuestro país, debido a que son los estados de la República Mexicana que colindan con Guatemala y Belice, lo que representa 1 mil 149 Kms. de frontera.
Las rutas más utilizadas por los migrantes son: la vía costera, al contar con el ferrocarril como transporte, pero que representa un alto grado de riesgo debido a los frecuentes accidentes y muertes que en él se producen; la vía marítima con entrada por las costas de Chiapas es una ruta que ofrece a los migrantes poca vigilancia, pero mayor riesgo; los corredores planicie y Sierra que entran por Oaxaca, Chiapas y Tabasco, ofrecen una ruta muy peligrosa a los migrantes dado que la mayor parte del trayecto es selva; por último, la ruta fronteriza es la segunda vía terrestre más importante con entrada en Chiapas, aquí la mayoría de los desplazamientos se realizan atravesando caminos de extravío y bajo el control de las redes de polleros1 .

Principales violaciones a los derechos humanos durante el trayecto

En los últimos años, el aumento de personal y controles de las fronteras bajo el argumento de perseguir el tráfico de indocumentados ha provocado que los puntos de entrada, así como las rutas de tránsito, se hayan desplazado a sitios más inhóspitos2 y peligrosos. En el camino, entonces, se muestran tanto las precarias formas de viajar (sobre todo en los trenes de carga que cruzan el país) como la violencia de las bandas delictivas que buscan sacar provecho de su situación.
Luis Arriga Valenzuela, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que en la ruta de los migrantes están presentes todas las formas de violación a sus derechos humanos e incluso a los de sus familias, entre las que destacan abusos sexuales, tortura física y psicológica, explotación laboral y sexual, entre otras.3

Secuestro de migrantes

Uno de los problemas más graves a los que se enfrentan las personas migrantes indocumentadas, hoy en día, es el secuestro de migrantes. Según cifras de la CNDH, tan solo en 6 meses, de 2008 a 2009, hasta 9 mil 758 migrantes habían sido secuestrados4 . El secuestro es una importante fuente de dinero para las bandas delictivas, tiene sistema y va en aumento. Los migrantes son presionados para que sus familiares en Centroamérica o Estados Unidos les manden dinero y si eso no viene después de unos días, los torturan y hasta los asesinan. Con esa práctica se violan sistemáticamente los derechos a la vida y a la integridad física5 , pues el secuestro está acompañado de abusos, malos tratos como golpes y amenazas de diversas formas.
Diversas ONG’s de Derechos Humanos destacan el aumento del secuestro, encontrando vinculación entre autoridades locales, municipales, estatales y federales. En junio de 2009, la CNDH emitió un primer reconocimiento sobre los abusos cometidos por autoridades mexicanas. Amnistía Internacional reporta que “La CNDH entrevistó a 238 víctimas y testigos de 198 secuestros de migrantes perpetrados entre septiembre de 2008 y febrero de 2009. (…) De los migrantes entrevistados, 91 manifestaron que su secuestro había sido responsabilidad directa de funcionarios públicos, y otros 99 observaron que la policía actuaba en connivencia con los secuestradores durante su cautiverio (…) además, la CNDH ha documentado la inacción de las autoridades municipales, que no le proporcionaron información exacta y no investigaron la implicación de la policía en la banda delictiva”6 .

La acción de funcionarios públicos

Los abusos y maltratos por parte de funcionarios públicos mexicanos que participan durante los controles y operativos es tristemente común durante el trayecto de los migrantes, ello lo muestran numerosos testimonios de los afectados. Amnistía Internacional subraya que “la detención arbitraria y las extorsiones por parte de funcionarios públicos también son habituales”7 . AI ha documentado varios casos de abusos por militares bajo el pretexto de llevar a cabo controles; de funcionarios del INM durante los operativos; así como el uso excesivo de la fuerza para detener migrantes.
Entre los actos más comunes se encuentra la violación sexual de mujeres y niñas, se estima que 6 de cada 10 son afectadas8 . Como consecuencia de los esfuerzos y los abusos durante el viaje muchos migrantes sufren serios daños de salud. A menudo los sobrevivientes son traumatizados y regresan voluntariamente a sus países de origen (véase capítulo sobre los DESCA).
Por otra parte, los derechos de los hombres y mujeres migrantes “asegurados” en las estaciones migratorias ven violentados sus derechos a no ser discriminado y a igualdad ante la ley al limitárseles garantías básicas (véase capítulo sobre estaciones migratorias).
El propio Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los migrantes destaca qué tan obvia es la vinculación entre las bandas delictivas y autoridades estatales: “Con la omnipresencia de la corrupción en todos los niveles del gobierno y la estrecha relación de numerosas autoridades con las redes de bandas, la extorsión, las violaciones y las agresiones contra los migrantes continúan. Es una situación obvia porque los abusos por bandas delictivas casi nunca se denuncian y los pocos casos conocidos generalmente se quedan en impunidad. A su vez, los abusos cometidos por parte de funcionarios tampoco salen a la luz debido a que los detenidos son deportados casi inmediatamente y no hay testigos independientes9 . Es claro, entonces, porque sobre los casos existen pocos datos oficiales fiables. Otra omisión del Estado es que no se cuenta con una base de datos de migrantes desaparecidos o muertos10 .
Por los abusos, pero más por la ausencia de ayuda del Estado y acceso a la justicia se debe declarar que quienes se encuentran en el territorio mexicano en calidad de migrantes no son vistos como sujetos de derechos. Esta situación se fomenta con la ausencia, desinterés y complicidad por parte del Estado. Desgraciadamente, se puede observar discriminación y un clima de xenofobia en amplios sectores de la población.
Pero no sólo las autoridades están involucradas, en los sistemas de secuestro encontramos también a los conductores de los trenes, mecánicos y guardias privados de seguridad. Además, se observa que conductores del transporte público son quienes cobran más dinero de los migrantes11 .

Las estaciones migratorias como centros de detención

El trato discriminatorio que el Estado Mexicano da a los migrantes se ve reflejado en muy diversos aspectos, uno de los más duros es el caso de las estaciones migratorias que durante mucho tiempo han sido una preocupación constante para las organizaciones civiles toda vez que son frecuentes los reportes de abusos y malos tratos y violaciones al debido proceso; cuestiones que han motivado denuncias a nivel internacional así como recomendaciones por parte de organismos especializados. A pesar de estas denuncias, la normatividad actual de las estaciones migratorias, escudándose en cuestiones de seguridad sigue siendo un marco que restringe derechos a las personas migrantes.
Las estaciones migratorias son el espacio destinado a “asegurar” a los migrantes indocumentados mientras se define su condición legal. Lamentablemente el arribo a una estación migratoria representa en un sinnúmero de casos un ejemplo más de la criminalización de la migración, toda vez que se enfrentan a tratos que corresponden más a una prisión para delitos del orden penal que un espacio de carácter administrativo. Muestra de ellos son las evidencias que medios como Contralínea han recopilado y que muestran lo siguiente:

“Maltrato, golpes, tortura, tratos crueles e inhumanos, abuso de autoridad y acciones extrajudiciales son vocablos que abundan en las quejas y denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los órganos internos de control en el Instituto Nacional de Migración (INM), por migrantes de diversas nacionalidades, “asegurados” a lo largo y ancho de todo el país. (…)
Algunos de los casos más graves han valido 15 recomendaciones de la CNDH, emitidas en lo que va de la administración de Cecilia Romero Castillo al frente del Instituto, cifra que convierte al INM en una de las principales entidades de gobierno que transgrede los derechos humanos”12 .

Organizaciones como el Centro de Derechos humanos Fray Matías de Córdova en Tapachula, Chiapas o Sin Fronteras han documentado ampliamente el abuso y maltrato que reciben los migrantes en las estaciones; de igual forma, el Relator Especial de las ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes ha señalado graves deficiencias en su funcionamiento13 .
Debe destacarse que los malos tratos o situaciones precarias de detención no son lo único que se reporta respecto a las estaciones migratorias. Las violaciones al debido proceso son una constante en todas las estaciones, siendo frecuente: falta de información de derechos, no siempre se toma declaración a la persona asegurada, falta de asesoría jurídica gratuita, falta de aviso consular, falta de intérpretes, de representación letrada, de revisión judicial y en general, violaciones al debido proceso en las diversas problemáticas en las que se ve envuelta la población migrante14 .
El funcionamiento de las estaciones migratorias dista mucho de ser ideal, no solamente el marco normativo es deficiente sino que el mismo muchas veces no es respetado por las autoridades, lo cual solo es un ejemplo más de la precaria situación en la que se encuentran los migrantes en nuestro país.

Trata de personas migrantes

Bagamoyo, Deja caer tu corazón.
-¿Dónde está “Deja caer tu corazón?”

Para efectos de este texto partiremos de la definición de trata de personas contenida en el Protocolo de Palermo15 que contempla diversos supuestos, no sólo el de explotación sexual. Es oportuno destacar que el tráfico y la trata de personas tratan de conductas diferentes, mientras que en el tráfico hay dos objetivos bien definidos, el pago por un lado y el ser transporte por otro, lo que implica el consentimiento de la persona traficada; en el caso de la trata, por el contrario, el objetivo es unilateral: la explotación de la persona tratada, por lo que la voluntad de esta persona no concurre. Esto es, si en el tráfico hay una especie de prestación de servicios ilegal, en la trata lisa y llanamente la persona tratada es en sí misma el objeto de intercambio. Por último, cabe señalar que según expertos, la trata de personas es uno de los tres negocios ilícitos más remuneradores16 y que la comisión de dicha conducta incide directamente en la dignidad de las personas.
Kuhner y Salazar17 mencionan como obstáculo para la identificación de víctimas de trata el temor latente de la deportación, que puede operar efectivamente tanto en inmigrantes con documentos en regla como en los que no lo tuvieren, en virtud de que la calidad migratoria puede depender de la persona tratante, lo que impide se acerquen a organizaciones que les puedan asistir. Al respecto, también se observan las barreras culturales y de lenguaje y la ignorancia de las instancias a las cuales deben dirigirse en busca de apoyo.
Otro punto no menor es la existencia en el imaginario social de que la ayuda que se puede proporcionar a las personas víctimas de explotación, especialmente sexual, se brinda en el sentido de que puedan regresar a sus países soslayando la reivindicación de sus derechos. Y retomamos una de las conclusiones de las autoras en el sentido de que para mejorar la identificación de migrantes víctimas de trata es esencial poder garantizar que puedan denunciar ante las instancias indicadas sin el temor de la deportación.
Bagamoyo, puerto en Tanzania, significa ‘dejar caer el corazón’. Si bien se discute la razón de este nombre, una de las interpretaciones propuestas es que se debe a la trata de esclavos18 . Esta vez tomaré ese significado: “dejar caer el corazón”, esto es abandonar la dignidad, claudicar en la esperanza y perder las aspiraciones de justicia. Bagamoyo está en todas partes donde haya personas tratadas, es tiempo de dejar caer los corazones pétreos y proponer acciones reales para que las víctimas de trata recuperen su corazón.

1 Kauffer Michel, E.F. (2003, agosto) “Entre peligros y polleros: la travesía de los indocumentados centroamericanos”. Ecofronteras, número 19, pp. 9-11. Disponible en Web: http://www.ecosur.mx/Difusi%F3n/ecofronteras/ecofrontera/ecofront19/pdf/ecofronteras19.htm

2 ALOP/Enlace, Sur inicio de un camino; una mirada global de los Derechos Humanos en la Frontera Sur […], México DF., Noviembre 2009, p. 38.

3 Centro de Comunicación Social (Cencos); En los últimos 6 meses, secuestrados 9 mil 758 hombres y mujeres migrantes. México Distrito Federal, 23 de marzo de 2010” http://cencos.org/es/node/23103, [Fecha de Consulta 15 de junio 2010].

4 Amnistía Internacional; Victimas invisibles; migrantes en movimiento en México, Madrid, España, 2010, p. 8.

5 Ibíd., p. 18. Incluso los muertos son discriminados pues muchas veces no se realiza una autopsia completa. En muchos casos mueren y no se siguen investigaciones exhaustivas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

6 Ibídem, p. 13-14.

7 Ibíd., p. 5.

8 Ibíd., p. 16.

9 Amnistía Internacional. Victimas invisibles; migrantes en movimiento en México. Editorial Amnistía internacional (EDAI), Madrid, España, 2010, p. 23.

10 Son los albergues para migrantes de la iglesia y centros de derechos humanos quienes hacen el trabajo de documentación.

11 ALOP/Enlace; Sur inicio de un camino. México D.F., Noviembre 2009, p. 164.

12 Pérez, Ana Lília; “Estaciones Migratorias, La Impunidad”. Revista Contralínea, México, 31 de enero 2010.

13 Bustamente, Sr. Jorge; Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes. Organiza de las Naciones Unidas (ONU) A/HRC/11/7 Add.2.

14 Centro Fray Matías de Córdova; Derechos Humanos y Condiciones de Detención en la Estación Migratoria Siglo XXI. Tapachula, Chiapas, México, 2010.

15 El Protocolo de Palermo. Disponible en web: http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/protocoltraffic_sp.pdf

16 CIM, OEA, OIM México; La Trata de Personas, Aspectos Básicos 2006. Instituto Nacional de Mujeres (México) e INM. Disponible en web: http://www.oas.org/atip/reports/trata.aspectos.basicos.pdf, [Fecha de consulta 24 de junio 2010].

17 Kunher, Gretchen y Mónica Salazar; “Características socio jurídicas del delito de trata de personas en el caso mexicano”. en Casillas, Rodolfo (Coordinador); Rostros Diversos de la Trata de Personas en México: Situaciones Presentes y Potenciales de la Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, 2009, http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/rcasillas2.pdf. [Fecha de consulta: 24 de junio 2010].

18 Wikipedia. Disponible en web: http://en.wikipedia.org/wiki/Bagamoyo. [Fecha de consulta: 24 de junio 2010].

Los DESCA de la población migrante en México

En México es difícil contabilizar o sistematizar datos duros sobre la situación de los derechos económicos sociales y culturales de la población migrante indocumentada debido a la falta de registro y estadísticas que den cuenta de ello. Sin embargo, gracias al testimonio y trabajo directo que algunas organizaciones civiles realizan con este sector de la población, es posible dar un cierto panorama general sobre los principales obstáculos y violaciones que sufren a sus derechos humanos en materia de salud, vivienda, educación y alimentación.
La discriminación hacia los migrantes centroamericanos se da de forma sistemática, lo más grave es que proviene no sólo de la población en general sino de autoridades en los tres niveles de Gobierno. La ONU ha declarado que “la xenofobia contra los no nacionales, en particular los migrantes, constituye una de las causa principales del racismo contemporáneo. A menudo los migrantes son objeto de discriminación en el ámbito de la vivienda, la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social. Se trata de un problema mundial que afecta a los países de origen, a los de tránsito y a los de destino”1 .

Derecho a la educación

Un claro ejemplo de cómo los migrantes sufren la discriminación es el caso de los hijos de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños o nicaragüenses, en su mayoría nacidos en México, a quienes las autoridades les han negado el registro de nacimiento, su derecho a una identidad, lo que ha tenido fuertes repercusiones en su derecho a la salud y a la educación, puesto que la falta de papeles les han impedido ingresar a las escuelas públicas. Al impedir dicho trámite, las autoridades incumplen su obligación de respetar y garantizar, pues con su acción se obstaculiza el goce del derecho. A la fecha no se tiene un registro oficial de cuántos mexicanos están en esa situación ni cuántos han sido registrados bajo la reforma del Código Civil, de acuerdo con la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur de Chiapas. Andrea Hernández, titular de esa dependencia, sí admite que entre los afectados no sólo hay niños, sino adultos y adultos mayores.2 .

Derecho a la salud

Igualmente, investigaciones recientes han demostrado que la población que transita sin documentos en nuestro país padece constantemente violaciones en materia del derecho al más alto nivel de salud mental y física. A pesar de que es obligación del Estado respetar, garantizar y no aplicar medidas que impidan en cualquier momento a la población, incluida la migrante, el acceso a los servicios de salud (preventivos, curativos y paliativos), dicho sector tiene limitado su acceso a la asistencia médica cuando presentan complicaciones relacionadas con nadar en aguas contaminadas, caminar por mucho tiempo en el desierto, la falta de alimentos, abuso sexual y psicológico.
Otro aspecto que tiene consecuencias muy graves en la salud de los migrantes es el endurecimiento en las medidas de control y vigilancia que se han dado en nuestro país. El cambio hacia rutas largas y peligrosas los llevan a caer por deshidratación, inanición o hipotermia, que junto con los accidentes imprevistos, debido a las condiciones extremas en las que viajan, no sólo ponen en peligro la integridad física o causan daños permanentes a su salud (como mutilaciones por accidentes en los trenes de carga), sino que conforman las principales causas de muerte en los migrantes que cruzan nuestro país en busca de llegar a los Estados Unidos3 .
Por otra parte, los problemas de salud mental que sufren los migrantes habían sido ignorados por mucho tiempo. Los datos que emergen lentamente revelan que esta población está en riesgo de desarrollar dificultades psiquiátricas por la incertidumbre y el estrés en la búsqueda de casa y de empleo, aunado al sentimiento de inestabilidad debido al desarraigo constante. El aislamiento emocional que dificulta confiar en otros afecta en sí mismo su derecho a la salud psicológica, pero por otra parte ocasiona que la atención adecuada en caso de enfermedad se vea obstaculizada por el por temor de acudir a los centros de salud y ser “atrapados” y devueltos a sus países de origen4 .
En general, nuestro país carece de un sistema de salud para los migrantes indocumentados o legales. Autoridades como Carlos García de Alba, Director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), han señalado en el discurso que “un migrante indocumentado sí tendría derecho de disponer de un seguro medico básico privado pero la creencia es que por ser indocumentado no puede contar con ningún tipo de seguro"5 . No obstante, en la realidad esto no sucede.

¿Derechos laborales para la migración clandestina?

No todas las personas que se desplazan de su lugar de origen a otro lo hacen por motivos de trabajo ni de manera indocumentada, pero sí una gran cantidad que ve en la migración una oportunidad de aliviar su situación de pobreza. El trabajo es un elemento fundamental para explicar el proceso de migración, pues varias de las causas comunes que impulsan el fenómeno migratorio se relacionan con la imposibilidad de percibir un ingreso a través de un empleo: desempleo, subempleo, salarios bajos, pobreza y marginación.
Sin embargo, la situación de pobreza y violencia que se vive en México coloca a las y los migrantes trabajadores en situación de alta vulnerabilidad, principalmente a todas aquellas que provienen de países subdesarrollados y de forma irregular. Jorge Bustamante, el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU, en su informe de 2008 menciona que como país de tránsito, por la República Mexicana circulan personas que provienen de Centroamérica, América del Sur y el Caribe con el fin de llegar a los Estados Unidos; al mismo tiempo el país es receptor de trabajadores agrícolas y comerciantes y es expulsor de trabajadores agrícolas.
Su estatus de irregularidad los obliga a emplearse en condiciones precarias que se asemejan a la esclavitud, sus oportunidades se reducen al sector agrícola y de servicios domésticos, justamente en los lugares donde se necesita mano de obra a causa de la escasez que la misma migración genera en ciertas zonas, como Chiapas. Pero también se convierten en víctimas de redes de trata y contrabando vinculadas al narcotráfico; las cuales incluyen a mujeres, niñas, niños y adolescentes, cuya situación laboral adopta un relieve particular de violaciones flagrantes a sus derechos sexuales y reproductivos.
A nivel internacional no existía un instrumento normativo que otorgara protección a los llamados sin papeles. Fue hasta 1975 que en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se aprobaron las disposiciones complementarias del Convenio sobre los Trabajadores Migrantes que entre sus articulados establecen que independientemente de la situación migratoria de una persona los Estados no pueden eximirse de su obligación de proteger el ejercicio de los derechos laborales, aunque sí deben implementar una política migratoria integral que contribuya a disminuir los flujos de indocumentados6 . Posteriormente, se aprobó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares en el marco de la Organización de las Naciones Unidas que amplía la protección hacia este sector.
Las condiciones en las que laboran los migrantes se pueden sintetizar en abusos físicos y verbales, carecen de seguridad social y de todo tipo de prestaciones, cumplen largas jornadas por una paga ínfima y todo el tiempo son susceptibles de sufrir accidentes. A dichas violaciones se suma la falta de información sobre el sector, la inexistencia de una política migratoria integral y la poca voluntad política de regularizar y atender el fenómeno.
El goce de los derechos económicos, sociales y culturales para los migrantes que transitan o bien, laboran en nuestro país, es casi inexistente. Uno de las causas fundamentales de ello es la pobreza, es decir, la carencia de recursos básicos que les permitan hacer valer por sí mismos sus derechos humanos. El Estado Mexicano tiene la obligación de respetar y garantizar estos derechos, en particular, absteniéndose de denegar o limitar el acceso en condiciones de igualdad a los migrantes, ya sea aplicando medidas o acciones contra ellos o con omisiones como en el caso de los precios excesivos para alimentos y provisiones. La calidad de indocumentados que muchos de ellos sufren, aunada a las medidas implementadas por los gobiernos y autoridades para localizarlos y deportarlos, les imposibilitan el acceso a la educación, a la alimentación adecuada, a los servicios de prevención y atención a la salud o a una vivienda adecuada.

¿Cómo funciona la criminalización de migrantes?

La criminalización es un concepto que describe el proceso de construcción social del criminal o delincuente. Dice que no existe ningún acto delictivo en sí mismo, sino que es la sociedad (la comunidad, el poder legislativo, la administración de justicia o la policía) quien construye su propio concepto del criminal. La criminalización se produce sobre todo mediante medidas explicitas (leyes, arrestos y condenas penales). En este contexto podemos hablar de dos niveles de criminalización: la criminalización primaria, producida por las medidas legislativas que tipifican el delito (las leyes penales); y la criminalización secundaria, llevada a cabo por la policía y los tribunales7 .
El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Jorge Bustamante, destaca en su Informe del 2009 que “la criminalización de la migración irregular lleva a la violación de los derechos humanos” y por lo tanto recomienda a los Estados “que consideren la migración irregular una infracción administrativa y no un delito penal”8 . En México esta situación ya se dio en el año 2008 con los cambios en la Ley General de Población. No obstante, debemos tomar en cuenta que la llamada criminalización secundaria se intensificó en los últimos años.
Un primer ejemplo es el llamado “aseguramiento” de los migrantes en las estaciones migratorias sugiriendo la “protección” de los migrantes. Según la organización civil Sin Fronteras, el aseguramiento forma un acto de privación de la libertad que es violatoria de los derechos humanos ya que por el simple incumplimiento de requerimientos administrativos no pueden ser detenidos9 .

“Este proceso de mantener a la población migrante privada de su libertad trae como resultado la permanencia de una perspectiva hacia las personas migrantes como posibles criminales que deben ser detenidas y devueltas a sus países de origen”10 .

Una segunda manera de criminalizar la migración surgió como consecuencia de las actividades realizadas en el contexto del Plan Frontera Sur (PFS) que entró en vigencia en el año 2001. En el PFS se institucionalizó la participación de policías y del ejército en tareas de control y vigilancia migratoria, relacionando así la migración con la delincuencia y amenaza a la seguridad nacional.11
En ese mismo sentido hay que entender que el INM se incorporó al sistema de Seguridad Nacional en el año 2005 “para proporcionar información de inteligencia y contrainteligencia e investigar lo que se considere como amenaza a la seguridad nacional”12 . Cabe mencionar que “la idea central del gobierno es cuidar de una seguridad que, en realidad, la población migrante, en situación de pobreza, no pone en riesgo”13 .
Como consecuencia de la criminalización de la población migrante por parte de las autoridades, se aumenta la posibilidad de actos de racismo o xenofobia por parte de la población. El propio Relator de la ONU señalo que “la sociedad distorsiona su situación, los considera “delincuentes” y rápidamente los relaciona con la delincuencia organizada, incluidos el tráfico de drogas y el robo”14 .
La criminalización de la migración indocumentada no sólo ha afectado a las mujeres y hombres que la padecen, sino que las autoridades han arremetido contra todos aquellos que les puedan proporcionar alguna ayuda, en otras palabras, han criminalizado la ayuda a migrantes.

Criminalización de la defensa y solidaridad con la población migrante

Grupos que trabajan por los derechos humanos han asumido dentro de su agenda la defensa de este grupo de población desde diversas trincheras, algunos de ellos están constituidos en organizaciones civiles, algunos otros son personas que a título individual o en colectivo se solidarizan con estas personas y les brindan apoyo humanitario en los albergues de migrantes o generalmente, les regalan comida en aquellas zonas por las que transita el tren, transporte en el que se apoyan para atravesar la República Mexicana.
Con base en el Informe sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), el principal riesgo al que se enfrentan quienes trabajan a favor de los derechos humanos de las personas migrantes se relaciona con la denuncia de las actividades del crimen organizado. Son blanco de hostigamiento, amenazas, deslegitimación, descrédito y discriminación, tanto quienes están en la frontera norte como en el sur y a lo largo del país. Aunado a que, según los defensores, en muchas ocasiones las autoridades son cómplices de estas redes o actúan con descuido u hostilidad15 .
Entre otros ejemplos, mencionaremos en este apartado el caso de Juan Martínez Pérez. En 2005, Juan, junto con cuatro amigos, se encontraba en un terreno cercano a las vías del tren, desde el cual regalaba comida a indocumentados que bajaban del vagón en la comunidad La Cañada en el estado de Querétaro. Realizar este tipo de actividades ha sido argumento para inculparlos de ser polleros.
Sus amigos fueron detenidos por la Agencia Federal de Investigación (AFI) acusados de tráfico de personas. Dos años después, en 2007, agentes de la AFI acudieron al domicilio de Juan para concluir una presunta investigación que le da seguimiento a una denuncia anónima bajo la cual se asegura que también él trafica con personas. Desde entonces se encuentra encarcelado pese a que no han podido comprobar su supuesto delito16 .
Otro ejemplo es el caso de Concepción Moreno quien fue condenada a 6 años de prisión por haber cometido un delito contemplado en el artículo 138 de la Ley General de Población, la mejor descripción de su terrible crimen catalogado como grave se encuentra en la parte informativa de los agentes que la detuvieron, quienes dijeron haberla encontrado: “En flagrante comisión de delito, ya que estaba alimentando a un grupo de extranjeros”17 . Como se puede observar, incluso la ayuda desinteresada puede ser castigada por el Estado con penas de 6 a 12 años de prisión si el beneficiario de la ayuda es un migrante. Cabe aclarar que el artículo mencionado establece que debe haber un propósito de tráfico para imponer estas sanciones, pero en los hechos este requisito parece configurarse con cualquier tipo de ayuda. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis de Jurisprudencia de 200818 concluye que la interpretación de “el propósito de tráfico” contenida en el artículo 138 de la Ley General de Población se refiere únicamente a las conductas de albergar o transportar extranjeros por territorio mexicano con fines económicos. Este ejemplo sirve de forma idónea para mostrar que en México no se mide con la misma vara cuando se trata de migrantes.
Detenciones de este tipo expanden miedo que limita la ayuda humanitaria que las personas pudieran otorgar a los migrantes, es decir, es criminalizada y por ende, obstaculizada. Las personas que defienden o se solidarizan con la población migrante enfrentan una situación de riesgo, cuando en realidad la ayuda que promueven busca detonar el reconocimiento de los migrantes como sujetos de derechos y reivindica a los defensores como personas que realizan una actividad imprescindible y necesaria en un régimen democrático.

1 Oficina del alto comisionado para las Naciones Unidas (OACNUDH). Lucha contra la discriminación de los migrantes.[En línea] Disponible en web: http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/DiscriminationAgainstMigrants.aspx. [Fecha de consulta: 27 de junio 2010].

2 Rea, Daniela; “Niegan registro a hijos de migrantes”. Reforma, 24 de agosto de 2009, México, p. 23.

3 Aguilar-Morales, J.E. y Vargas-Mendoza, J. E. Salud mental en migrantes. Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C., 2008. México. Disponible en Web: http://www.conductitlan.net/salud_mental_en_migrantes.html

4 Ídem.

5 Carlos García de Alba, citado por Álvaro Jiménez. “Educación y salud, necesidades de los migrantes”. México D.F. 19 de Octubre 2009. http://snm09.e-migrantes.gob.mx/en/snm/Educacion_y_salud_necesidades_de_los_mexicanos_en_el_exterior, [Fecha de consulta: 27 de junio 2010].

6 Organización Internacional del Trabajo; C143 Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias). [En línea] Disponible en web: http://www.ilo.org/ilolex/spanish/subjlst.htm, Artículo 2. [Fecha de Consulta: 17 de junio 2010].

7 Alfonso Serrano Maíllo, Introducción a la criminología (2ª ed.), Dykinson, Madrid, 2004. Cabe aclarar que llamar las migrantes indocumentados “ilegales” es ejemplo para una forma de criminalización más sutil como, en ese caso como fenómeno discursivo.

8 Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, 9 de agosto 2009, A/64/213, p. 20.

9 Sin Fronteras, “Situación de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo detenidas en las Estaciones Migratorias de México 2007 – 2009, Diciembre 2009, p. 11 y 15.

10 Belén Posada del Migrante, Humanidad sin Fronteras A.C. y Frontera con Justicia A.C.: Sexto Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes en Tránsito Por México, p. 19.

11 ALOP/Enlace, Sur inicio de un camino; una mirada global de los Derechos Humanos en la Frontera Sur […], México DF., Noviembre 2009, p. 136.

12 Belén Posada del Migrante y otros. Sexto informe. Saltillo, Coahuila, México, Junio de 2010, p.11.

13 Ibíd., p. 12.

14 Bustamante, Sr. Jorge, Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes En línea], 9 de agosto 2009, A/64/213, p. 20. Disponible en web: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7188.pdf

15 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo. Informe sobre la situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México. Naciones Unidas, México, 2009, p.21.

16 Chávez, Mariana; “Queretano lleva casi tres años preso por dar de comer a migrantes”. La Jornada, 7 de junio de 2010, México, p.32.

17 Concepción Moreno, presa por alimentar a migrantes de CA, María de la Luz Tesoro 17 de mayo 07, CIMAC noticias.

18 México. Suprema Corte de Justicia de la Nación; Tesis: 1a./J. 33/2008 Jurisprudencia [En línea] http://www2.scjn.gob.mx/ius2006/UnaTesislnkTmp.asp?nIus=169170&cPalPrm=TRAFICO,&cFrPrm [Consulta: 28 de junio 2010].

Contradicciones entre discurso y medidas implementadas:
seguridad y militarización

Postura oficial de México respecto a la protección
de los derechos humanos de los migrantes indocumentados

En México ha habido una constante en cuanto al pronunciamiento por el respeto de los derechos humanos de los migrantes. El Estado se ha pronunciado en contra de los abusos cometidos hacia sus connacionales en el extranjero, así como por la discriminación y la negación de los derechos económicos y sociales. También ha participado activamente en la firma y ratificación de tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, haciendo especial énfasis en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familias (Convención de la ONU sobre los Derechos de los Migrantes). Además, ha expresado un pleno reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes independientemente de cuál sea su situación migratoria. En pleno reconocimiento sobre los derechos de los migrantes, el Estado mexicano, en clara alusión a la violación de los derechos que padecen los mexicanos migrantes indocumentados por parte de Estados Unidos, el 10 de mayo de 2002, sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una opinión consultiva sobre si los artículos 2, párrafo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y párrafo II de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “deben interpretarse en el sentido de que legal estancia de las personas en el territorio de un Estado americano es condición necesaria para que dicho Estado respete y garantice los derechos y libertades reconocidos en dichas disposiciones a las personas sujetas a su jurisdicción”1 .
Por unanimidad, la Corte opinó, entre otras cuestiones, “que la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a los Estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración, inclusive el estatus migratorio de las personas”. Además, opinó que el derecho al debido proceso debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas hacia los migrantes, independientemente de su condición migratoria, así como que ésta no puede ser una justificación para privarle del goce y ejercicio de sus derechos2 . Por lo que México caería en una contradicción al descuidar o desatender los derechos de los migrantes indocumentados que se encuentran bajo su jurisdicción, ya que fue éste quien solicitó la Opinión Consultiva OC-18/03 y debería ser el primero en respetarla.

El Plan Nacional de Desarrollo

México, en su discurso, se ha comprometido a proteger los derechos de los migrantes en su territorio nacional y en el extranjero, es por ello que uno de los temas principales para el gobierno de Felipe Calderón se refiere a la migración internacional. En el objetivo 10 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 “Construir una nueva cultura de la migración” se encuentra la estrategia 10.1 que planea el respeto de los migrantes en territorio mexicano, al igual que se pugna por las garantías de los migrantes mexicanos en el exterior, el Reordenamiento del Plan Frontera Sur para facilitar la documentación de los migrantes que tienen como destino temporal o definitivo los Estados de esa región, impulsar “la legalidad en la migración y reducir los incentivos a la ilegalidad en el proceso”3 . También plantea facilitar la documentación legal de los migrantes centroamericanos.
En cuanto a los avances que ha tenido esta estrategia, se observa que en su Tercer Informe de Ejecución 2009, el gobierno mexicano reportó que se realizaron 51 mil 266 eventos de repatriación de centroamericanos en el marco del “Memorándum de entendimiento para la repatriación ordenada, digna, ágil y segura”4 , cifra 7.5 por ciento menor a la registrada en el mismo periodo de 2008. Además, durante 2009 se regularizó bajo los beneficios del nuevo Programa de Regularización Migratoria a 2 mil 880 extranjeros, principalmente de origen guatemalteco (921), hondureño (728), salvadoreño (302), nicaragüense (137) y cubano (121)5 . Además, como parte del Programa de Migración para la Frontera Sur, durante el periodo de enero a diciembre de 2009 se expidieron en los puntos de internación de la frontera sur mexicana, 30 mil 80 formas migratorias para trabajadores fronterizos a guatemaltecos y 134 mil 721 formas migratorias de visitante local: 130 mil 347 para guatemaltecos y 4 mil 374 para beliceños.
En la estrategia 10.5 del PND se señalan como objetivos: la mejora de los servicios y la gestión migratoria, impulsando la modernización de la infraestructura, la dignificación de las estaciones migratorias, además del combate a la corrupción. En cuanto a esta estrategia, el gobierno mexicano reportó, entre otros, que como parte del Programa de Dignificación en Estaciones Migratorias, en 2009, brindó mantenimiento a 19 estaciones migratorias.
Como podemos observar, esta estrategia está destinada solamente a la mejora física de las estaciones migratorias, sin atender las otras cuestiones que tienen que ver con la negación de los derechos: a la información, traducción e interpretación, a ser oído, a un juez imparcial y responsable, a representación letrada, a revisión judicial o al acceso consular; como uno podría pensar en al leer sobre la ‘dignificación’. Por otro lado, se reportaron avances en el Programa de Migración para la Frontera Sur referentes a la expedición de visas hacia los trabajadores fronterizos.

De la conducta de autoridades y funcionarios públicos

En los últimos años México implementó medidas para reducir los abusos cometidos por funcionarios públicos contra los migrantes irregulares. “Por ejemplo, la migración irregular ya no es un delito castigado con la cárcel, las condiciones de algunos centros de detención han mejorado, y se ha acortado el tiempo que la mayoría de los migrantes irregulares permanecen detenidos en espera de ser repatriados o expulsados. Además, se ha promulgado legislación que penaliza la trata de de personas y se han tomado medidas para mejorar la protección de los menores no acompañados y las mujeres”6 . Parece, por ello, que el Estado mexicano reconoce que la justicia para los migrantes es un derecho y una responsabilidad que le compete al Gobierno.
No obstante, los avances que ha tenido México para mejorar la situación de los derechos humanos de los migrantes no han sido suficientes, ya que aún se cometen abusos contra los migrantes irregulares. Las autoridades estatales y federales dan poca prioridad a la resolución de dichos problemas: “No obstante, en muchos casos que, a primera vista, parecen obra exclusiva de bandas delictivas, existen indicios de que hay funcionarios implicados en cierto grado, ya sea directamente o mediante su complicidad o aquiescencia7 ”.
Es así que pese a la realidad migratoria que se que vive en México, aún se siguen escuchando discursos como el del gobernador de Chiapas, Juan Sabines, sosteniendo que el país tiene la “cara limpia” en la protección de migrantes procedentes de Centroamérica. Por otro lado, el Estado mexicano fue señalado como violador de los derechos humanos de los migrantes en tránsito por el territorio nacional durante la audiencia pública sostenida en la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) en Washington, el 22 de marzo de 2010, en la cual el presidente de la misma y el relator especial sobre Trabajadores Migratorios, Felipe González, calificó la condición de los derechos de los migrantes como “tragedia humanitaria”.

La Ley Arizona frente a la realidad mexicana

Para aclarar las contradicciones de los pronunciamientos y las actividades del Estado mexicano, vale la pena una pequeña comparación entre las actividades de las autoridades mexicanas por la situación de los indocumentados en Estados Unidos (sobre todo mexicanos) y la de las y los centroamericanos en México.
México ha ratificado casi todos los tratados internacionales de derechos humanos, incluso la Convención de la ONU sobre los derechos de los migrantes y promueve de manera “muy comprometida” los derechos de los migrantes al nivel internacional. En el discurso pelea por los derechos de los mexicanos y mexicanas indocumentados en Estados Unidos, especialmente ahora tras la aprobación de la Ley Arizona, en contra de la discriminación pero también por los derechos económicos y sociales8 .
Sin embargo, la conducta de las autoridades mexicanas hacia los centroamericanos indocumentados en México parece entonces casi opuesta. Como ya mencionamos, las autoridades no han contribuido a sacar a la luz el problema y sensibilizar a la sociedad9 . Destaca el desinterés, la ausencia de mecanismos integrales para la protección de migrantes, la impunidad de crímenes en contra de ellos e incluso la complicidad de funcionarios públicos en violaciones a los derechos de las y los migrantes. Controles y detenciones arbitrarias por la apariencia de las personas son comunes. Destaca por ejemplo el caso de dos mexicanos detenidos y privados de su libertad por el INM sólo por “parecer guatemaltecos”10 .
Además, en ambos países son muy similares las prácticas de detenciones arbitrarias y deportaciones, incluso de niños. Entre enero y septiembre del año 2009, 21 mil 200 mexicanos menores de edad fueron repatriados desde Estados Unidos y las autoridades mexicanas enviaron a 3 mil 777 menores a sus países de origen11 .

Seguridad nacional y militarización de las fronteras sur y norte

Con el incremento de los movimientos migratorios las autoridades han optado por el endurecimiento de las medidas de control y con ello la criminalización de quienes atraviesan el territorio nacional sin documentos. Criminalizar la migración y militarizar las fronteras México-Estados Unidos y Guatemala-México aumenta el riesgo para las personas que cruzan la línea fronteriza de manera indocumentada, sin generar un decremento significativo en los flujos de migrantes. Cabe mencionar que en el 2009, un promedio de mil 465 mexicanos abandonaron el país cada día12 .
A pesar de su discurso contra las medidas antimigrantes como la Ley Arizona, que criminalizan y discriminan por motivos de raza, el gobierno del demócrata Barack Obama continúa con la tendencia a la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México sin enfocarse lo suficiente en los derechos humanos. Durante el 2010, su administración destinó a fuerzas militares o policiales 47 por ciento de los tres mil millones de dólares de ayuda estadounidense a América Latina13 . Solamente en mayo de este año el presidente Obama envío mil 200 elementos de la Guardia Nacional para cubrir la frontera con México.
No es posible pensar que sustituir el debido cumplimiento de los derechos humanos con la militarización de las fronteras llegue a solucionar un problema que se basa en la desigualdad social y la discriminación. La responsabilidad pública en el control migratorio es indispensable para un programa de migración que provea la legalización y el acceso para todos los trabajadores, incluyendo más opciones para la migración legal. Sin embargo, las acciones tomadas por las autoridades de Estados Unidos sólo han generado más hechos de violencia en la frontera norte.
De acuerdo a la Coalición Negra Para una Migración Justa (BAJI), las violaciones a los derechos humanos se han generalizado como una respuesta a la militarización de la frontera entre México y Estados Unidos. La existencia de agentes armados sin límites legales claros, se presta para una excesiva violencia hacia las mujeres y hombres migrantes indocumentados. Para evadir a los agentes fronterizos las y los migrantes se ven en la necesidad de tomar rutas aún más peligrosas que ponen en riesgo sus vidas. En 2007 el gobierno de George W. Bush reconoció que las muertes en la frontera se duplicaron desde 1995, alcanzando más de 400 en 2006, de acuerdo con un reporte preparado para el Congreso estadounidense por la Oficina del Inspector General14 . En este año ya se han reportado varias víctimas.
La implementación de agentes armados en la frontera norte (no sólo militares) ha dejado victimas como Sergio Adrián Hernández Güereca, un adolescente mexicano de 15 años de edad, muerto de un disparo en la cabeza por un agente de la Patrulla Fronteriza de El Paso a unos cuantos metros del cruce internacional Paso del Norte del lado mexicano. De acuerdo con el Departamento de estado de Estados Unidos un grupo de personas intentaba ingresar de manera ilegal a su territorio, agrediendo a elementos de la Patrulla Fronteriza con pedradas por lo que uno disparó matando así a un sospechoso (versión que no niega la madre del menor, María Guadalupe Güereca). Sin embargo, la Cancillería mexicana y la presidencia de la República condenaron el hecho como uso desmedido de la fuerza por la utilización de armas de fuego para repeler dicho ataque15 .
Pero el envío de tropas a las fronteras no ha sido sólo del lado estadounidense. La propia actuación de las autoridades mexicanas es incongruente a su “indignación” y “condena” ante la militarización de la línea fronteriza. En México la militarización se ha dado como parte de una Política de Seguridad Nacional impuesta mediante métodos de presión y chantaje. Con el pretexto de la lucha armada contra el narcotráfico y el crimen organizado emprendida desde 2006, el gobierno federal ha mandado alrededor de 50 mil elementos del ejército a todo el territorio nacional16 , incluyendo las fronteras de nuestro país, principalmente la norte. Las autoridades han avalado estos movimientos so pretexto de detectar posibles movimientos y tráfico de drogas, armas y personas.
Sin embargo, desde la militarización de las fronteras es común escuchar los constantes abusos de autoridad por parte de los miembros de las fuerzas castrenses. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFM) en Tapachula, Chiapas, ha denunciado desde 2006 diversos casos de violación a los derechos humanos que miembros de fuerzas militares han cometido contra migrantes centroamericanos. Tal es la desaparición de Maritza Bayres en el municipio de Suchiate en 2005 y por la que la CNDH abrió el expediente 2005/1840/CHIS/5/Q. Miembros del Ejército mexicano que custodiaban el retén militar de Puente Cahocán al ver al grupo de migrantes hondureños los retuvieron ilegalmente. Además de golpearlos y robarles el poco dinero que transportaban, les exigieron dejar como prenda a Maritza para poderlos dejar ir. Maritza fue separada de su grupo y hasta la fecha se sigue sin conocerse su paradero.
En la frontera sur con Guatemala cotidianamente se presentan violaciones a los derechos humanos hacia los migrantes centroamericanos en su intento por cruzar el territorio nacional, generalmente con destino a Estados Unidos. Quienes van de paso por nuestro país son objeto de robos, extorciones, detenciones arbitrarias, abusos sexuales y otras violaciones a sus derechos humanos.

Cooperación regional con Belice, Guatemala y Estados Unidos

De acuerdo con la información oficial del gobierno mexicano17 , durante 2009, en conjunto con los gobiernos de Belice, Guatemala y Estados Unidos de América a través de dos estrategias: la conformación de unidades mixtas de la policía federal, estatal y municipal con apoyo de las fuerzas armadas y el intercambio de información en materia de seguridad fronteriza; se realizaron diversas acciones con el objetivo de salvaguardar la seguridad en la fronteras y el “respeto a los derechos humanos”.
Una de ellas fue la ejecución del Operativo Coordinado Frontera Sur cuyo objetivo fue evitar el tráfico ilícito de personas y armas por medio de patrullajes en la frontera. Estás reuniones se llevaron a cabo con el fin de intercambiar información y estrategias en materia de seguridad y defensa, así como de doctrina y educación militar.
En otra de las acciones, la Secretaría de Gobernación, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en cooperación con el Servicio de Inteligencia Estratégico de Guatemala, evaluó el Plan Operativo Coordinado contra el Tráfico Ilícito de Personas y Armas. Además, el gobierno mexicano, mediante el Instituto Nacional de Migración, ha llevado a cabo cursos de capacitación sobre formas migratorias al personal de la Dirección General de Migración de Guatemala.
En esta misma línea, la Coordinación de Planeación e Investigación del INM se encargó de “establecer los mecanismos necesarios para compartir información que mejore […] la interoperabilidad de las instituciones en materia de migratoria, esto con la finalidad de aumentar la seguridad de las fronteras y, por ende, la seguridad fronteriza”18 . Asimismo, la Procuraduría General de la República participó en la XIV Reunión del Grupo de Asuntos Migratorios México – Guatemala para fortalecer la colaboración entre instituciones en el combate a la trata de personas y delitos que se hayan cometido en contra de migrantes.
A pesar de los esfuerzos hechos por los gobiernos con la firma de tratados, acuerdos y protocolos, así como de la ejecución de programas al interior de los Estados, las organizaciones no gubernamentales (Amnistía Internacional y Sin Fronteras) documentan que se ha incumplido con los acuerdos regionales en materia de migración vinculados con el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, en 2006 y 2007, México firmó los Memorandos de Entendimiento Bilaterales con Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua para garantizar “la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de los migrantes irregulares”. Tales acuerdos establecen que los migrantes irregulares que se encuentren en territorio mexicano tienen derecho, según la legislación mexicana, a continuar con un proceso administrativo de migración, a pedir su repatriación voluntaria o a solicitar un permiso en calidad de refugiado. Sin embargo, pocas veces o nunca son informados de sus derechos o tampoco saben en calidad de qué los regresan a sus países.
Uno de los acuerdos regionales de “Cooperación, Seguridad Fronteriza, Combate al Narcotráfico y al Crimen Organizado” que viene vinculado a las violaciones de derechos de los migrantes centroamericanos es la Iniciativa Mérida. El gobierno estadounidense en 2008 destinó a través de este plan 500 millones de dólares para instancias militares y policiacas mexicanas, cuyos miembros son precisamente quienes cometen actos de violencia contra migrantes y contra la sociedad mexicana19 . Asimismo, asignaron presupuestos al Instituto Nacional de Migración a fin de extremar restricciones en la frontera sur de México, interceptar a migrantes centroamericanos y evitar su llegada a la frontera norte y sobre todo, criminalizando su tránsito hacia los Estados Unidos20 .

1 Nieves Hernández, Efraín; “La protección de los derechos humanos de las y los migrantes indocumentados en México: La experiencia de la FEVIM” en la Revista Nueva Visión Social democrática, número 13. Los Derechos Humanos en México, Julio-septiembre 2008.

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos; Opinión consultiva OC-18/03 solicitada por los Estados Unidos Mexicanos. “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”. 17 de septiembre de 2003.

3 México. Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012.[En línea] p. 308.

4 Gobierno Federal de México. “Tercer Informe de Ejecución 2009”; Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México, p. 711.

5 Ibídem.

6 Amnistía Internacional. Victimas invisibles; migrantes en movimiento en México. Editorial Amnistía internacional (EDAI), Madrid, España, 2010, p. 8-9.

7 Ibídem.

8 Amnistía Internacional: Victimas invisibles; migrantes en movimiento en México, Editorial Amnistía internacional (EDAI), Madrid, España, 2010, p. 8. Un grupo de parlamentarios aun presentó un informe sobre 750 migrantes que habían muerto tratando cruzar la frontera con EU. Ibíd. p. 18.

9 Ibíd. Cabe destacar que se puede observar un patrón similar de los medios mexicanas que dan prioridad y cobertura exhaustiva a la ley Arizona pero apenas se publican artículos sobre los indocumentados en el país.

10 León Zaragoza, Gabriel; “Denuncian abusos a derechos en estación migratoria “modelo””. La Jornada, 2 de marzo de 2010, p. 41.

11 Corzo, Hugo; “Repatrían a 21 mil menores”, Reforma, 22 de octubre de 2009, p. 10./p>

12 Cardoso, Víctor; “Falta de oportunidades expulsa del país a 1,465 mexicanos al día”, La Jornada, 19 de abril de 2010, p. 27.

13 Sin autor, “La política de Obama hacia AL, igual a la republicana: ‘militarización’”. La Jornada, 25 de mayo de 2010, p. 20.

14 Aguirre, Alberto; “Aumentan abusos en la frontera” .Reforma, 30 de abril de 2007, México, p. 5.

15 Sin autor; “Mata la Border Patrol desde EU a un niño”, Reforma, 9 de junio de 2010, México, p. 1.

16 Amnistía Internacional. Informe 2010 Amnistía Internacional. El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo. AI- Edición en español. Madrid, España. 2010. p. 292.

17 Tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

18 Ibídem, p. 90.

19 Iniciativa Mérida. Un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad. [En línea]

20 Un abecedario del Plan México.

Grupos en situación de discriminación

Mujeres e infancia inmigrante en México

Entre los grupos de población que inmigran a México provenientes de Centroamérica, las mujeres y la infancia son objeto de violaciones a sus derechos humanos, agravándose a causa de su condición de género y edad.
No hay cifras exactas sobre el número de cruces de personas sin documentos que entran por la frontera sur que además estén desagregadas por sexo y edad. El INM calcula que del total de los inmigrantes centroamericanos que entran a México sin documentos entre el 20 y el 30 por ciento son mujeres. La gran mayoría de estas mujeres provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras. Entre sus características generales están: son jóvenes, en edad productiva y reproductiva; 16 por ciento son menores de edad; 94 por ciento se separaron de sus hijos al migrar; la mitad dejó hijos menores de cinco años. La separación de los hijos es uno de los costos más altos de la migración femenina1 .
Entre los peligros que, especialmente las mujeres centroamericanas, enfrentan al cruzar la frontera sur para llegar a México, y en su caso, viajar hacia Estados Unidos se encuentran: la violencia física y sexual, la separación de los hijos u otros familiares, la trata y explotación laboral o sexual, la detención arbitraria (especialmente para mujeres de ciertas nacionalidades con visas de turista) y violaciones de derechos humanos de distinto tipo cuando los migrantes contratan traficantes (“polleros o coyotes”). Amnistía Internacional señala en un informe de 2010 que 6 de cada 10 mujeres migrantes centroamericanas sufren algún ataque sexual en la frontera sur mexicana y/o durante su tránsito a la frontera norte. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indica, de acuerdo a un estudio de 2008, que las principales víctimas de trata de personas son mujeres guatemaltecas y hondureñas. Entre las autoridades señaladas por cometer abusos sexuales en contra de las migrantes centroamericanas están el ejército y el INM2 ; aunque, también son atacadas por bandas de delincuentes y por los llamados “maras”.
Las actividades agrícolas de los estados del sur son una fuente de empleo para mujeres centroamericanas que migran para trabajar en las temporadas de pizca de café u otros productos agrícolas en entidades como Chiapas. Otras tantas mujeres se emplean como trabajadoras del hogar en la zona conocida como del Soconusco. Uno de cada diez trabajadores temporales centroamericanos en México, son mujeres.
En la Estación Migratoria del Distrito Federal (datos de 2005) dos da cada 10 migrantes detenidos son mujeres. En 2005, 91 por ciento de las mujeres detenidas en la EMDF procedían de América Latina. Las guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas sumaban casi la mitad de la población latinoamericana y 42 por ciento del total de las mujeres migrantes detenidas. Entre las violaciones a los derechos humanos que especialmente las mujeres sufren en los lugares de detención mexicanos están: no hay entrevista privada en el idioma materno para explorar posibles situaciones de trata, violencia familiar, separación de las hijas o hijos en las estaciones migratorias así como abuso verbal, físico y sexual por parte de los agentes y personal del INM.
En cuanto a la infancia inmigrante centroamericana en México se calcula que cerca de 5 mil niñas y niños cruzan la frontera sur al año. Migran para trabajar y tener un ingreso o para huir de la violencia familiar3 . Muchos viajan con un familiar pero otros tantos lo hacen solos. Tan sólo en el estado de Chiapas, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que se encuentran cerca de 4 mil niñas y niños guatemaltecos que se dedican al comercio callejero, la mendicidad, a la carga y descarga, a limpiar vidrios o como “pepenadores” en basureros, como en el caso de Tapachula, Chiapas. Algunos más trabajan en el sector agrícola dentro de fincas cafetaleras o en el caso de las niñas, como trabajadoras del hogar. Algunos están solos pero muchas niñas y niños están con sus familias4 .

Las y los jóvenes migrantes

La migración tiene muchos rostros y varias historias no contadas, entre esos rostros se encuentran las y los jóvenes buscando alternativas y sus propios sueños.
Klara Ollin Meyra

El Informe de Comisión Económica para América Latina (CEPAL) La juventud en Iberoamérica Tendencias y Urgencias del año 2007 menciona que entre los 15 y los 29 años de edad existen mayor propensión o probabilidades de migrar mientras la menor tendencia de migración se presenta con poblaciones como infancia y adultos mayores.
El mismo estudio de la CEPAL menciona cinco causales de migración que interactúan, de las cuales la migración educativa, la migración emancipadora, relacionada con la salida del hogar de origen para formar uno propio y la migración nupcial, que tiene que ver con la formación de pareja, son motivos especialmente característicos para jóvenes en comparación con el total de las personas migrantes (motivos laborales y familiares).
Lo anterior define en esencia que mujeres y hombres jóvenes migran en búsqueda de mejores condiciones económicas que aporten a su desarrollo personal y familiar. Sin embargo, a nivel interno ¿qué es lo que se fractura? En primer lugar, cuando la migración es la última alternativa para las y los jóvenes, sus vidas se ven coartadas en varios sentidos: educativo, laboral, social, cultural, entre otros. La migración, en general, es una de las causas de descomposición del tejido social, si miramos que jóvenes mujeres y hombres son actores fundamentales para el desarrollo de las familias, sociedad, industria, cultura y todos aquellos espacios en que se desenvuelven, el hecho de que salgan de sus lugares de origen obligados por precarias condiciones de vida conlleva a que el círculo de la desigualdad aumente.
Por ejemplo, cuando una joven que viaja fuera de su lugar de origen, obligada por las circunstancias, deja una ausencia en la familia y en todos los espacios en los que pudiera repercutir su participación desde su presencia, el conocimiento y las labores que realiza. Estará en otro espacio expuesta a una vulnerabilidad continua, sin embargo, la primera idea será generar mejores condiciones de vida para sí misma y sus familiares, aunque esto signifique exponerse continuamente. En caso de que esta joven muera, como sucede en varios casos, la pérdida para todo el entorno será mayor.
El ejemplo anterior pareciera que es algo que los Estados no contemplan; entre mejores condiciones de vida y de desarrollo para las y los jóvenes en sus países, mayores posibilidades para el crecimiento y desarrollo del país. Más allá de verlo en términos utilitaristas, es importante reflexionarlo en cuanto a reconocer que las personas jóvenes son sujetos plenos de derechos y por tanto, agentes protagónicos del desarrollo, como lo hace ver la propia Convención Iberoamericana de Derechos de las y los Jóvenes.

La experiencia de un joven migrante
Carlos M. Umul

Carlos de 19 años fue uno más de los jóvenes centroamericanos que cruzan la frontera con todos los sueños en las manos, más el de regresar, un día lejano, a Guatemala en un avión. Se endeudó con 3 mil dólares para poder dejar Panajachel, Guatemala. El pollero los cruzó por la frontera con Tapachula, en lancha y de noche. Del otro lado ya los esperaba un “coyote” para llevarlos hasta Estados Unidos de América.
El viaje se vio interrumpido muy pronto. Entre Oaxaca y Puebla el pollero les avisó que más adelante había un reten del INM, los bajó a todos y les dijo que corrieran. Más de veinte personas, en su mayoría jóvenes, corrieron a esconderse. Algunos no alcanzaron. Carlos continúo su viaje con la única mujer del grupo, que llevaba a su hijo de dos años. Dos semanas les llevó llegar hasta la frontera, lo más barato: cruzar por la frontera desértica de Sonora. El grupo al que se unieron, en su mayoría hombres, avanzó hasta dejarlos atrás, pues es más difícil con un niño en brazos. Cuando ya no podían más, después de perderse dos días con sus noches heladas, fueron detenidos-rescatados por la patrulla fronteriza. Estuvieron casi una semana en una celda, eso sí, ya del otro lado. Al ser interrogado sobre su nacionalidad, Carlos dijo ser mexicano, pues no le parecía digno regresar a Guatemala tan pronto en avión. Emprendió su regreso una vez que estuvo del lado mexicano.
Al regresar frustrado y lastimado moralmente, decidió buscar de nuevo un trabajo para comenzar a pagar su infinita deuda. Su experiencia, su dolor y su preocupación por otros jóvenes lo llevaron a trabajar en la Asociación de voluntarios de procesos de elección Aldea las Canoas, en su misma comunidad. El año pasado lo invitaron a participar en un encuentro de jóvenes en Colombia y ahí si que tomó el avión, dignamente, como dice él.

1 Véase, Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner; Mujeres Migrantes en México: propuestas de acciones y política pública. Centro de Estudios y Programas Interamericanos, CEPI Working Paper 13, 2007.

2 Sin autor; “Denuncian violación a centroamericanas”. México Migrante, 12 de mayo de 2009. Disponible en web: http://www.mexicomigrante.com/?p=7002. [Fecha de consulta: 27 de junio 2010].

3 González Vázquez, Eduardo. “Los niños migrantes en el filo del peligro”. La Jornada Migración, 18 de mayo de 2009.

4 AMNDI; Niñas, niños y adolescentes centroamericanos son explotados laboralmente en México. 15 de junio de 2010. Disponible en web: http://www.sie7edechiapas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2048:ninas-ninos-y-adolescentes-centroamericanos-son-explotados-laboralmente-en-mexico&catid=14:los-reporteros&Itemid=57

Conclusiones

Las personas que transitan o viven en México por el hecho de estar sin documentos ven diariamente violados sus derechos, desde la libertad personal o el libre tránsito hasta el derecho a la vida. Diariamente se ven afectados por los abusos de las bandas delictivas, pero también viven injusticias por parte de funcionarios públicos y la población en general. Apenas tienen posibilidades de denunciar los abusos que sufren por la discriminación, ausencia y corrupción por parte de las autoridades.
Por su condición de indocumentados no son vistos ni tratados como sujetos de derechos y por ello son excluidos de la vía legal para exigirlos. Además, los procedimientos rápidos de las repatriaciones ‘voluntarias’ evitan que tengan la posibilidad de hacer denuncias.
La diversidad de los abusos y el incumplimiento del Estado han provocado numerosas reacciones y visitas de organismos internacionales. Por ello, en los últimos años el gobierno ha implementado algunos programas que sólo pretenden ocultar los vacíos y no forman parte de una reforma migratoria integral urgente, principalmente porque ésta requeriría de un gran esfuerzo y presupuesto que el Estado no está dispuesto a realizar. Mientras tanto, la situación de riesgo que a la que se exponen los y las migrantes se ha empeorado por las actividades de la delincuencia organizada.
Eso parece muy contrario a los discursos y acciones emprendidas por México a nivel internacional, donde se están impulsando diversas iniciativas para la protección de los derechos de los y las migrantes. Esta contradicción se va a visibilizar más en noviembre de este año 2010 cuando México, con cara y actitud de protector de todos los migrantes, en la misma tierra donde se cometen las violaciones tan graves, sea anfitrión del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) que se realizará en Puerto Vallarta del 8 al 11 de ese mes.
Por eso, organizaciones civiles, entre ellos el centro Vitoria van a llevar a cabo el Foro Mundial Alternativo de los Pueblos en Movimiento, cuyo objetivo es:

“Hacer incidencia en la opinión pública sobre el hecho de que el FMMD es simplemente la expresión actual de los intentos permanentes de instrumentalización por parte del estado mexicano y de quiénes se ostentan ilegítimamente como su gobierno, y sus aliados en los círculos dominantes de otros países expulsores, de tránsito y destino, del fenómeno del éxodo, y de los frutos de la explotación y la marginación de los y las trabajadores/as migratorios y sus familiares”1 .

La importancia del trabajo de las ONG radica en el contrapeso al discurso oficial del gobierno de México en el que se afirma que está cumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos. Las organizaciones civiles visibilizan la mala situación de los migrantes y ayudan a mejorar su situación. Pero más allá, muchas de ellas manejan una perspectiva del derecho a la migración, es decir, el derecho fundamental de los seres humanos a salir de su lugar de origen en búsqueda de una mejor situación de vida.
Esta perspectiva puede servir para luchar en contra de la criminalización de la migración y la justificación de los tratos inhumanos de los que son objeto los hombres y las mujeres migrantes. Permite entender sus actividades como ejercicio de su derecho humano a la migración y autogestión de su destino.

1 Manifiesto del Foro Mundial Alternativo de los Pueblos en Movimiento. Disponible en web: http://tribunalmigrante.saltoscuanticos.org/?page_id=27. [Fecha de consulta 21 de junio 2010].

Biobliografía

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Hemerografía

Se retomaron notas periodísticas de La Jornada y Reforma de 2007 a 201
(Para información específica véanse las notas de pie).

Páginas web

Cencos - Centro Nacional de Comunicación Social
http://cencos.org/

Foro Mundial Alternativo de Pueblos en Movimiento
http://tribunalmigrante.saltoscuanticos.org/

Instituto Nacional de Migración
http://www.inm.gob.mx/

Iniciativa Mérida
http://www.iniciativamerida.gob.mx

La Fundación por la Socialdemocracia de las Américas, A. C.
http://www.fusda.org/

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
http://www.ohchr.org/

Organización Internacional del Trabajo
www.ilo.org

Programa de las Américas/ Americas Program
http://www.cipamericas.org/es/

Sin Fronteras A.C.
http://www.sinfronteras.org.mx/

Créditos

Salomé Almaraz Reyes, Haydee Alejandra Aguilar Urbino, Bettina Barthel, Victoria Beltrán Camacho, Angélica Gay Arellano, Alfonso García Castillo, Daniela Godinez Bohorquez, Joel Jiménez, Diana López Santiago, Lizbeth Lugo Hernández, Clara G. Meyra Segura, Elizabeth Morales Huerta, Ana Luisa Nerio, Marlene Rodríguez Mejía, Alberto Soto.

Coordinación del documento: Área de Investigación y Análisis

El Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” AC, es una organización civil
que promueve y defiende, especialmente entre las y los jóvenes, todos los derechos humanos,
poniendo especial énfasis en los derechos humanos de los grupos en situación de discriminación.

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