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Huelga de hambre de 21 reclusas en el penal de Atlacholoaya, Morelos
Enviado por Derechos Humanos el jueves, 31 de marzo del 2005 (17:41:50)
Acción Urgente
Huelga de hambre de 21 reclusas en el penal de Atlacholoaya, Morelos.
Exigen beneficios de preliberación y aplicación de la ley de Normas mínimas.
 
Este día lunes 28 de marzo a las 14 horas dio inicio una huelga de hambre de 21 internas en el Centro Estatal de Readaptación Social de Atlacholoaya (12 que ya habían realizado una huelga previa y 9 que se suman ahora), en el Estado de Morelos, en demanda de la aplicación de la ley de Normas Mínimas para obtener el beneficio de la libertad anticipada y, cuando menos en tres casos, una vez que ya han cumplido la sentencia impuesta.
De un total de 200 reclusas del área femenil que permanecen en esta cárcel de mediana seguridad, 12 de ellas realizaron los trámites correspondientes para obtener estos beneficios desde hace 9 meses. Ellas son las siguientes personas:


1.- Irania Dalila Salgado Huesca.
2.- Efigenia García Atanasio.
3.- Matilde Soberanes Pérez.
4.- Julia Toledano Torres.
5.- Juana Bahena Téllez.
6.- Juana Esquivel Vázquez.
7.- Juana Yánez Robles.
8.- Eloisa Reyna Lagunas.
9.- Alicia Arroyo Cervantes.
10.- Leonor Victorino Abarca.
11.- Carina Gloria Salinas Díaz.
12. Deidad Alejandra Villegas Correa.
Ellas solicitaron la aplicación de la Ley Federal de Normas Mínimas que establece: “Aquellas personas que han sido sentenciadas por algún delito del orden federal y que han cumplido una serie de requisitos, que se contemplan como prueba de rehabilitación y buena conducta, tienen el beneficio de la libertad anticipada cuando se han compurgado las tres quintas partes de la pena impuesta”.
Una vez que esto se cumple, el interesado puede solicitar el beneficio para lo que se inicia un procedimiento que contempla: la petición del beneficio, la presentación de las sentencias de primera y segunda instancia, el amparo, la sentencia ejecutoriada y cartas de buena conducta que implican haber realizado, durante el período de reclusión, un trabajo productivo, haber cursado estudios, haber participado en actividades deportivas y culturales.
Estos trámites y requisitos fueron cumplidos por las 12 internas, quienes se dirigieron al Organo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuyo titular actualmente es el Lic. Ramón Martín Huerta, para que resolviera sobre su situación desde el mes de julio de 2004. Al igual que ellas, un total de 100 casos que tienen en estudio con relación a las peticiones de beneficio para los internos del Fuero Federal que se encuentran recluidos en Establecimientos penitenciarios del Estado de Morelos, esperan una respuesta hasta la fecha. Unicamente en el mes de marzo un total de 29 reclusos obtuvieron los beneficios de la Ley de Normas Mínimas por delitos del orden común, no así los del orden federal.
Ante el agotamiento de los trámites, las internas solicitaron el cumplimiento de la Ley y decidieron recurrir a una medida extrema que pone en riesgo su propia vida al iniciar una huelga de hambre.
Esta decisión la tomaron en el mes de febrero y lo dieron a conocer a las autoridades de la Subsecretaría de Readaptación Social del gobierno del Estado y a la opinión pública. Así, el día en que estallaron la huelga de hambre, el 21 de febrero de 2005, visitadores de la CNDH y de la CEDH, realizaron una visita al penal y luego de comprometerse a realizar gestiones para que se respetaran sus derechos a la preliberación, lograron disuadirlas de mantenerse privadas de ingerir alimentos y levantaron su movimiento.
El 21 de febrero acudió al penal de Atlacholoaya la Lic. Luz del carmen Navarrete Rodríguez, titular de la oficina de Certificados de Libertad, dependiente del Organo Administrativo Desconcentrado, y se comprometió a que en un lapso de dos a tres semanas saldrían libres. Se cumplió el plazo y no hubo resultados.
El 22 de febrero, una comisión de familiares se traslado a las oficinas del Organo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, y se les informó que “aún no se habían determinado los criterios para otorgar el beneficio”, ya que habían cambiado funcionarios (salió Carlos Tornero y entró el Lic. Rodolfo Sánchez Rodríguez, como coordinador general de Prevención y Readaptación Social de la Federación). También se informó que la PGR no ha enviado los informes correspondientes.
Ante esta situación, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, solicitamos la siguiente Acción Urgente:
 
Primero: Demandamos la aplicación de la Ley de Normas Mínimas para las 21 internas presas en el penal de Atlacholoaya, quienes han cumplido los requisitos para obtener los beneficios de la libertad anticipada o preliberación, razón por la cual resulta inadmisible y violatorio a sus derechos humanos que las autoridades responsables de la Prevención y Readaptación Social no cumplan las disposiciones de esta ley.
 
Segundo: Exigimos que no haya más dilación por parte de la PGR para dar cumplimiento al envio de los informes correspondientes para la integración del expediente de liberación anticipada.
 
Tercero: Solicitamos se den todas las garantías de seguridad y de revisión médica a las internas en huelga de hambre por parte de las autoridades de prevención y readaptación social.
 
Sus acciones urgentes pueden ser enviadas a los siguientes funcionarios con copia a la CIDHM al correo electrónico: cidhmor@laneta.apc.org
 
Lic. Ramón Martín Huerta
Secretario de Seguridad Pública Federal.
 
Lic. Rafael Macedo de la Concha.
Procurador General de la República.
 
Lic. Rodolfo Sánchez Rodríguez
Coordinador General de Prevención y Readaptación Social.
 
Lic. Sergio Estrada Cajigal Ramírez.
Gobernador del Estado de Morelos


Comision Independiente de Derechos Humanos
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