Investigadoras: Ana Luisa Nerio, Angélica Gay y Salomé Almaraz

En los últimos años, principalmente durante el sexenio de Vicente Fox, el gobierno en nuestro país se ha caracterizado por la constante promoción y defensa de los derechos humanos. Dicha actividad fue reconocida con el nombramiento de México como Presidente del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Pero mientras al exterior la imagen de pleno respeto por los derechos humanos es la carta de presentación de los últimos dos gobiernos, al interior la falta de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales afecta cada vez a un mayor número de personas.

Cada derecho humano reconocido es el resultado de luchas y movimientos sociales, en ocasiones de muchos años, y que han conseguido poner en el ojo público las condiciones de discriminación, pobreza y violación de los derechos fundamentales que una gran parte de la población vive principalmente por las políticas públicas implementadas. Esta falta de cumplimiento de derechos fundamentales ha generado en la población mexicana inconformidad que se hace evidente, y orilla a las personas a manifestarse y a emprender la lucha por la defensa de sus derechos y la atención a sus demandas sociales. Sin embargo tanto en las administraciones de Fox y Calderón, la respuesta del gobierno ante la protesta social, en lugar de ser conciliadora, ha resultado en una política incriminatoria de aquellas personas que han levantado la voz haciendo ejercicio de su derecho a protestar y a manifestarse abiertamente.

Ante las acciones de protesta organizada de los movimientos sociales, las autoridades, apoyadas por algunos empresarios y medios de comunicación, han negado este derecho para implementar la persecución, represión y criminalización de la protesta social amparados en un discurso que reclama mantener por encima de cualquier cosa la legalidad y prevalencia del Estado de derecho. Es así como mediante enfrentamientos con la policía, colocación de militares en puestos públicos, al igual que la llamada militarización de la vida civil, negación o cierre de espacios de diálogo y conciliación junto con el constante bombardeo mediático que descalificación a quienes se manifiestan y protestan, se legaliza la criminalización de la protesta social en nuestro país.

El gobierno pretende con estas medidas controlar el descontento social al trasladar los conflictos de lo social a lo penal, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos, en lugar de atender las demandas sociales. Esta política de criminalización es en realidad una política de control social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar la inconformidad.

Las acciones van desde la tipificación de acciones emprendidas por los movimientos como delitos que ilegalizan la protesta social, hasta el aumento de seguridad pública y presencia del ejército en zonas de conflicto, entre otros. Así vemos constantemente los discursos donde se equipara a luchadores sociales con delincuentes como secuestradores o crimen organizado e imputándoles delitos políticos o actos que atentan contra la seguridad nacional y el orden público. Por consiguiente las detenciones arbitrarias aumentan, y los procesos se ven plagados de irregularidades al igual que el constante acoso y persecución de los defensores. El sistema es implacable, y en nombre de la “legalidad” aumenta el número de detenidos en las cárceles mexicanas bajo cargos o procesos por delitos comunes, aunque la realidad es su participación en movimientos populares como principal delito. Las cifras son claras, solamente en 2007 se registraron 268 detenciones masivas de las cuales 57 se ubicaban en Guerrero y casi 130 en Oaxaca. Además ese mismo año hubo 231 liberados, 13 preses, 2 ejecuciones extrajudiciales, 5 desapariciones forzadas y 61 casos sonde se desconoce la situación.

A la par de las detenciones aumentan las campañas de desprestigio contra los defensores de los derechos humanos y asesores de quienes participan en la protesta; así se busca deslegitimar sus esfuerzos en la defensa de sus derechos, pues quienes las fomentan saben que el mejor apoyo que éstos tienen para respaldar su labor es la opinión pública. Sin embargo ante la fortaleza de quienes luchan y el avance de la visibilidad de los problemas sociales, en nuestro país se ha optado por la práctica de la amenaza directa, contra ellos y sus familiares. Lamentablemente eso no es todo, junto con las detenciones, campañas de desprestigio y amenazas también aumenta el número de desaparecidos por motivos políticos.

Ejemplos abundan, baste sólo recordar lo sucedido en Atenco y Oaxaca, cuando la policía federal y de seguridad pública cercaron y atacaron directamente a la gente que conformaba los movimientos. También el caso Oaxaca advierte de cómo el gobierno legaliza los actos de represión argumentando que todo aquel que altere la “paz pública” debe ser considerado como crimen organizado.

Al institucionalizar la criminalización de la protesta el objetivo del Estado es que una vez llevada a cabo la represión que en muchos casos se lleva hasta el encarcelamiento, los defensores se ven en la necesidad de defender a quienes están encarcelados. Estas personas son denominadas presos políticos y de conciencia. Lo que se encentra de fondo es conseguir la desarticulación de la protesta o del movimiento, ya sea por el tiempo que tarda en poder liberar a los precios.

Es por ello que las organizaciones civiles de derechos humanos y movimientos sociales han emprendido la campaña “Protestar es un derecho, reprimir es un delito” cuyo fin es hacer conciencia en contra de la criminalización de las movimientos sociales y de reivindicación del derecho a la protesta, lo que se conoce como autotutela de derechos. Se manifiesta en formas de acción en la que los propios titulares emplean vías directas para reclamar o defender un derecho.1 En este marco se han realizado durante el año varios foros y mesas para abordar la criminalización de la protesta social donde activistas sociales como Francisco Cerezo, del Comité Cerezo, y Edgar Cortez, de la Red Todos los derechos para Todos, han utilizado han realizado varios foros para difundir lo que a nivel institucional se hace para reprimir los movimientos sociales.