Aquí estamos  y no olvidamos

Tú no has muerto. Murieron los que apagaron el arrullo de tus ojos.

Y morirán todos los que odian tu voz, tu signo,

la suave luz de tu estrella.

Morirán los que niegan la siembra y la canción.

Roberto Armijo

Corrían los días, como de por sí pasa en la Tierra del Sol, las lluvias no caen y cuando caen se llevan todo, y se va la tierra, y se va la gente. Erosionada esta la vida, campos sin siembra, la familia con un pie allá y otro acá. Los pueblos empiezan a lucir solitarios, la migración no sólo es pa’l norte, sino también a las ciudades, y en nuestro caso, la drogadicción, secuestros, violaciones, compas limpiando parabrisas, traga-fuegos, ya parecen pan de todos los días. No supimos ni cómo llegamos a este estado de cosas, pero acá nacimos, en esta tierra digna.

Esto nos vio nacer y nosotros vimos como iba cambiando la vida, nacimos en 1998 con el nombre de CACTUS. Quienes nos nacieron, nos cuentan mucho sobre los primeros pasos, pero pocos, muchos, o quizás todos, saben poco de nosotros.

A pesar de los años, la historia es corta, en nuestros tiempos y en nuestros modos, decimos que el 2006 terminó por definir nuestro rumbo. Por muchas razones, nuestro trabajo era como de por sí, silencioso, o más bien hablábamos sólo lo necesario. Hasta antes de ese 2006, pocos nos conocían, y aún menos, los medios de comunicación. La Otra Campaña y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pero sobre todo, las organizaciones que nos abrieron su corazón, nos conocieron, escucharon nuestra palabra y hoy podemos llamarles compañeras y compañeros.

Compañeras, compañeros de Oaxaca, México y del mundo, hoy queremos decirles gracias. La solidaridad que se ha mostrado ante el cobarde asesinato de nuestra compañera Alberta (Bety) Cariño Trujillo y de Jyri Antero Jaakkola, nos dice que las fronteras  no existen, que la solidaridad es lo que hermana a los pueblos, que otro mundo construido desde abajo es posible. 

Y prueba de que las fronteras son divisiones ilusorias son las cartas que nos han llegando de Finlandia, Francia, Grecia, España, Suiza, el País Vasco, Alemania, Italia, Bélgica, la Europa Toda y de Nuestra América, desde Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Guatemala, Honduras, Estados Unidos y Canadá, entre muchos otros rincones dignos del mundo. Al abrir cada una, sentimos que abríamos un camino hacia la justicia, que desde cada rincón del mundo nuestra lucha es su lucha.

La muerte nos duele hoy más que nunca, pero el dolor, es nuestra más digna rabia contra la injusticia. Aquí estamos y No olvidamos, desde el 2006 han buscado callarnos, nosotros no olvidamos a los más de 20 compañeros mixtecos que reprimieron en noviembre del 2006, enviándolos al penal de Nayarit; tampoco las tantas veces que han allanado nuestras oficinas o las amenazas contra nuestra compañera Bety, diciéndole que le iban a cortar la lengua; o la noche de diciembre en que mataron a nuestro compañero Plácido Abraham López Castro en la comunidad de San Pedro Yosotatu; o el abril del 2008, cuando Tere y Feli fueron asesinadas… cada día el dolor fue creciendo  y las injusticias se acumulan.

Pero la lucha de los pueblos por su autonomía y autodeterminación se fortificó hace 16 años. Desde el 2001, cuando la clase política desconoció los acuerdos de San Andrés y traicionó a los pueblos indígenas, diversas expresiones de autonomía han ido naciendo y la palabra de los pueblos se va abriendo camino, por la construcción de un mundo digno y justo.    

Desde su nacimiento, CACTUS ha realizado su trabajo en la región mixteca, para lograr construir junto con los pueblos indígenas de la región condiciones de vida dignas y justas. Esto ha motivado a la organización a emprender iniciativas de tipo comunitario, a petición misma de las comunidades. Es el caso del municipio Autónomo de San Juan Copala, que como todos saben, nació en el año 2007. Los compañeros nos solicitaron apoyar la capacitación para la construcción de una radio comunitaria, que después se conocería como la “Voz que rompe el silencio”.  Unos meses después, el asesinato de las compañeras locutoras Tere y Feli, nos acercó más, ya que ante este crimen no podíamos quedarnos callados. Es por ello que, desde entonces, exigimos justicia.

Por los comunicados que emitía el municipio autónomo, nos fuimos enterando de la situación grave que estaban enfrentando. Desde noviembre del 2009, se empezaban a denunciar asesinatos. Este grave contexto, nos hizo participar, junto con otras organizaciones del estado y observadores internacionales, en la caravana humanitaria del 27 de abril, en la que fue brutalmente asesinada nuestra compañera Bety Cariño.

Este terrible hecho no puede quedar impune, a dos meses de ese  terrible crimen, seguiremos exigiendo justicia, y se castigue a los responsables materiales e intelectuales, del asesinato de nuestra compañera Bety y de Jyri.    

Hoy, queremos decirle a los compañeros internacionalistas y mexicanos que, aunque el gobierno busque criminalizar la solidaridad, nosotros decimos que acá está nuestro corazón  y nuestra convicción. Las intimidaciones contra nosotros no terminan, nos siguen persiguiendo, pero no podrán callar nuestra palabra.  Lucharemos hasta que se castigue a los asesinos de nuestros compañeros Bety y Jyri, hasta que se haga justicia para los pueblos indígenas de este país llamado México, y hasta que se respete la Autonomía y la Autodeterminación del Municipio Autónomo de San Juan Copala y de todos Pueblos Indígenas en resistencia.

Corren los días, como de por sí en la Tierra del Sol, pero ahora en nuestro CACTUS florece una Pitaya Roja.

¡Bety Vive! 

“Sembrando Sueños, Cosechando Esperanzas”

CACTUS

Al pueblo de México,

A los pueblos de la orilla del agua, Atenco,

A mi madre, a mi padre y mis hermanos,

A todas las organizaciones y personas que luchan por la libertad y la justicia en nuestro país,

Han pasado cuatro años desde aquella bárbara agresión del gobierno federal y el gobierno del Estado de México contra nuestro pueblo digno y rebelde de San Salvador Atenco. Desde aquellas salvajes golpizas contra hombres, mujeres y niños; del allanamiento y destrozo de nuestros hogares; el asesinato de Alexis Benhumea y Javier Cortés; el encarcelamiento de más de 200 compañeros; la humillación y violación de decenas de nuestras compañeras durante su traslado al penal; la expulsión del país de amigas chilenas, alemanas y españolas que atestiguaron y sufrieron la represión. Todo, a manos de los cuerpos policíacos estatal, federal y municipal. Todo, ordenado, dirigido y supervisado personalmente desde un lugar situado a unos metros de los hechos, por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Todo, impulsado por la presidencia de la República para cobrarnos la afrenta de haberle impedido arrebatarnos nuestras tierras para cerrar el negocio del sexenio: el de abrir un nuevo aeropuerto con un corredor comercial a todo lujo de varios kilómetros de largo.

Durante estos cuatro años hemos debido luchar y resistir en condiciones sumamente adversas, pero aún así hemos logrado liberar a la mayoría de los presos, han vuelto a su casa la mayoría de los perseguidos y lo más importante es que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) está vivo y luchando incansablemente por la libertad de los presos que faltan, pero también atento a impedir el despojo de nuestras tierras.

Hoy estamos a escasos días del desenlace jurídico de la lucha por la libertad de nuestros presos. Hemos jugado la última carta legal que tenemos para lograrlo (el amparo definitivo), y la decisión está en manos de la última instancia legal a la que podemos recurrir en México: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Quisiera equivocarme, pero todo apunta a que en los próximos días, los ministros atenderán a una decisión de Estado: dejar en la cárcel a algunos presos políticos de Atenco. Sacarán a unos cuantos, reducirán las condenas de otros, pero la realidad es que la injusticia prevalecerá. Una decisión con la que especulan tanto el PAN como el PRI; tanto Calderón, como Peña Nieto, padre y creador de toda esta barbarie. Habiendo una decisión de Estado de por medio (como ocurre también en el caso del SME), es muy difícil que la Corte no la acate. Son contados lo jueces dispuestos a desacatar una orden así girada desde el poder. Por temor o conveniencia, por presiones o por intereses. Basta hacer un breve recuento de su reciente actuar:

La SCJN ha dejado libre e impune a un gobernador que en cadena nacional fue evidenciado protegiendo a una red de grandes empresarios pederastas denunciados por Lydia Cacho, el góber precioso no fue ni siquiera molestado por la Corte.

Más de 20 muertos dejó la represión en contra de la APPO en 2006, las fotos de los sicarios de Ulises Ruiz disparando contra el pueblo de Oaxaca aparecieron en la portada de varios diarios de circulación nacional, cuando la SCJN revisó el caso no puso tras la rejas a ninguno de los sicarios y mucho menos ejecutó acción alguna contra el gobernador oaxaqueño.

Liberó, eso sí, a paramilitares responsables de la masacre de Acteal, entre ellos, dos asesinos confesos.

En el caso de la guardería ABC, puso por encima la tradicional impunidad de los funcionarios que se enriquecen a costa de abaratar la calidad de los servicios que ofrecen, al profundo grito de justicia emanado del dolor por la muerte de 49 niños.

Ya una vez la Corte discutió el caso Atenco y decidió una aberración jurídica al referir que sí hubo violaciones a los derechos, pero que nadie era responsable de tales.

En nuestra patria no hay justicia. Me parece evidente que la Corte no puede sostener la aberración indefendible del “secuestro equiparado”, lo cual anularía las vergonzosas penas de hasta 112 años de cárcel para nuestros presos. Pero tienen la orden de buscar la maniobra “legal” para que algunos de nuestros compañeros aún no salgan libres, y todo indica que eso es lo que al final decidirán, más allá de la intención honorable de algunos de los jueces de poner fin de una vez por todas a esta profunda injusticia (nuestro reconocimiento a ellos). ¿De qué se trata? De ejercer un castigo ejemplar, descomunal contra los símbolos de la lucha social. Es una forma de advertir a los que se decidan a luchar, a qué se atienen si persisten en su intento. Saben que la situación es inestable. Tienen miedo, tratan de disuadir al pueblo de toda decisión de rebelarse, para atemorizarlo. Y por eso mismo es que creo que hay una decisión de Estado. La clase política requiere mantener la amenaza vigente, y por ahora no hay mejores candidatos para ello que los rebeldes, insumisos e incorruptibles campesinos del FPDT. Pero nosotros no lo aceptamos, queremos justicia, no más engaños de los mercaderes del derecho. No nos vamos a resignar, vamos a seguir luchando, porque en un país como el nuestro, donde se cierran las puertas de la justicia, la alternativa que nos queda es luchar y organizarnos para detener tanta impunidad.

Me encuentro ahora en esta embajada en México de la República Bolivariana de Venezuela, pidiendo asilo político después de cuatro años de incesante persecución política en mi contra, de no poder salir a la calle ni ver a mis seres queridos, de no poder volver a mi casa ni a mi pueblo.

Cuatro años que han sido de amedrentamiento pero también de indoblegable resistencia. Tengo varias órdenes de aprehensión en mi contra, todos los amparos que he solicitado han sido rechazados por el poder judicial. Para mi, no hay más opciones, menos ahora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de cometer otra brutal injusticia.

Los cargos por los que a mí me persiguen, son los mismos y en los mismos hechos que los de mi papá. Y frente a esta decisión de Estado de dejarlo preso, me he visto orillada a tomar esta decisión, el asilo político, para continuar la lucha desde fuera, pero con más fuerza y en mejores condiciones. He logrado evitar ser encarcelada cuatro años, y por supuesto que si no han logrado apresarme, menos aún lograrán que me entregue por delitos que no cometí.

Es al pueblo de Venezuela y a su presidente, a quienes pido ayuda, porque he sido testigo de su alto espíritu de solidaridad hacia los pueblos que sufren injusticia. Muestra de ello son todos los programas que otorga el pueblo venezolano con médicos, profesores, petróleo barato, operaciones de la vista a cientos de miles de pobres en nuestra América, combatiendo al imperio yanqui y al capitalismo depredador con gran fortaleza y dignidad.

Me voy, pero no me rindo. Y desde aquí quiero agradecer al pueblo humilde que me ha protegido y resguardado todos estos años; no tengo con qué pagarles más que con mi lucha y mi fuerza.

Quiero que lo sepa mi pueblo, Atenco, a quien tanto amo y admiro por su valentía, con quien tengo muchos proyectos y espero regresar pronto para concretarlos, junto a mis compañeros. Quiero que lo sepa mi padre y mi madre y toda mi familia, también que lo sepan mis hermanos de lucha de todos los rincones de mi patria que es México:

Si sigo de pie es por todos ustedes, y aunque mañana esté lejos, cuéntenme entre las filas de los que resisten y luchan por un país mejor, por un México sin despotismo político, sin la corrupción, explotación y despojo que hemos sufrido por años, y que ya no estamos dispuestos a tolerar.

Y quiero que lo tengan siempre bien presente: ¡Venceremos! Ahora más que nunca, es momento de unirnos, de pelar juntos contra el enemigo común. Mineros de Cananea, de Pasta de Conchos, pueblo de La Parota y Copala, trabajadores del SME, maestros de la CNTE, estudiantes universitarios, padres de la guardería ABC, de los muertos y las muertas de Ciudad Juárez, familiares de los miles de inocentes asesinados por esta llamada “guerra” contra el narcotráfico, pueblo pobre y trabajador, sin prestaciones, ni buenos salarios, sobreexplotados y humillados, a ustedes me dirijo con todo mi respeto, tenemos que estar juntos, tenemos que acabar de una vez con tanto despojo y represión, tanto de Felipe Calderón, como de quien aspira a ser su sucesor, Enrique Peña Nieto.

Que también lo escuche fuerte y claro el Estado. No pudieron con Atenco y no podrán conmigo. Sigo y seguiré de pie, resistiendo, porque la saña de los de arriba jamás podrá marchitar la rebeldía sembrada y regada por años en la tierra de nuestra nación. Ni sus jueces ni sus medios mentirosos, ni su cárcel ni su persecución, ¡nada detendrá nuestro camino a la justicia y la libertad! En la trinchera que nos toque estar, estaremos con la frente y nuestro puño en alto.

Ni la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, ni el Presidente Chávez, ni por supuesto los millones de venezolanos y venezolanas, tienen nada que ver con lo que afirmo. Ellos tienen su lucha propia, la cual admiro y siento como propia, pero nada han tenido que ver con mi decisión de entrar a esta embajada y pedir asilo, lo cual ha sido decisión mía, exclusivamente.

No estoy dispuesta a permanecer más tiempo escondida, acosada, maniatada. Ya son más de cuatro años así, y la situación no tiene visos de cambiar. Mi única alternativa para recuperar la libertad por ahora es acgerme al asilo político por parte de un gobierno realmente democrático y del pueblo; de una pueblo solidario con la rebeldía de sus hermanos de otras tierras. Quiero mi libertad para seguir luchando, para seguir estudiando, para seguir viviendo. Por eso he decidido pedirle al pueblo de Venezuela, a su presidente, Comandante Hugo Chávez, que me acojan en su territorio mientras logro recuperar mi derecho a seguir luchando en mi propio país.

Que el mundo entero voltee a mirar lo que sucede en México. Que observe atentamente lo que está por ocurrir en estos días: que la mayor instancia de justicia de nuestro país, es incapaz de plantar cara ante una decisión de Estado, aún cuando éste cometa la más burda y lacerante de las injusticias.

América del Valle Ramírez

Perseguida Política del FPDT

http://atencofpdt.blogspot.com/ 

Ante el inminente dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Atenco invitamos a la

Presentación del Informe

12 presos por la defensa de la tierra

ES TIEMPO DE SU LIBERTAD

Lunes 14 de junio. 12 hrs.

Centro Universitario Cultural (CUC) Sala 22. Odontología 35 Copilco. A las afueras de Ciudad Universitaria

Presentan el informe:

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

(Abogado Simón Alejandro Hernández León, uso faccioso de la justicia y criminalización de la protesta en el caso Atenco)

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

(Dr. Miguel Concha Malo, informe sobre los procesos jurídicos de los 12 presos)

Comité Cerezo México

(condiciones carcelarias de los 12 presos)

Seminario de acompañamiento psicosocial

(impactos psicosociales en los familiares de los presos).

Comentan el informe:

Emilio Alvarez Icaza

(expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF)

Adolfo Gilly

(historiador, académico)

Luis Hernández Navarro

(periodista, coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada)

Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco

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Caso San Juan Copala

Adhesión a carta del Parlamento Europeo

Ciudad de México a 1 de junio de 2010

A quien corresponda,

Las organizaciones abajo firmantes condenamos los hechos violentos ocuridos en San Juan Copala, Oaxaca. El pasado 27 de abril una Caravana Civil de Observación y Humanitaria fue atacada por un grupo armado en donde perecieron Beatriz Cariño y Jyri Antero Jaakkola, ambos reconocidos defensores de derechos humanos.

La situación sigue siendo alarmante ya que la población de San Juan Copala vive en un contexto de violencia, donde están privados de servicios elementales para la vida cotidiana como el servicio de agua, luz lo cual atenta contra sus derechos fundamentales a la salud, a la alimentación, a la educación, al libre tránsito y a una vida digna y libre de violencia.

Ante esta situación cada vez más grave, el Municipio Autónomo de San Juan Copala, junto con otras organizaciones sociales y civiles, están convocando a una segunda Caravana Civil el próximo martes 8 de junio con el objeto de romper el cerco y llevar víveres y medicamentos a la población.

Esta acción es de alto riesgo toda vez que la Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), presunto grupo responsable del ataque, advirtió que entrar a la zona es peligroso y que no hay garantías de seguridad alguna. El Estado Mexicano tiene que cumplir el artículo 12 II de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de los defensores de derechos humanos, según el cual tiene la obligación de garantizar la vida e integridad física de los defensores de los derechos humanos.

Les agradecemos las acciones emprendidas a favor de la defensa de los derechos humanos en el estado de Oaxaca, en concreto su petición pública de garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos. Consideramos necesario que la Comunidad Internacional continúe con la vigilancia y el monitoreo de los próximos eventos que puedan ocurrir.

Les pedimos muy encarecidamente nos informen de todas las medidas y gestiones que se tomen a este respecto.

Atentamente

Personas

Mauricio Salazar (cooperante internacional)

Organizaciones

Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas (COMCAUSA)

Agenda LGBT, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (CDHFV) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (PRODH) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (PRODESC) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH) (Distrito Federal)

Domingo 16 de Mayo del año 2010

Acción Urgente

Narra la Sra. Margarita López Martínez (mujer indígena Triqui)  que el día 14 de Abril a las 6 de la mañana salió un grupo de 30 mujeres del Municipio de San Juan Copala al  Municipio de Juxtlahuaca para ir a recibir el recurso que les entregan por el programa de “Oportunidades”; la Sra. Margarita López Martínez y su hija (con capacidades diferentes) Susana Martínez, una vez que recibieron su apoyo, se separaron del grupo para ir a almorzar y posteriormente ir al médico para la atención de Susana, sin embargo, después de separarse del grupo, en el momento en que iban caminando, se les acercaron los Sres. Rufino Juárez y Anastasio Juárez, ubicados como líderes y dirigentes de la organización UBISORT, las atraparon por sorpresa y se las llevaron arrastrándolas, encañonándolas y cortando cartucho.

Las pretendían subir  a un vehículo privado que tenían preparado, la señora y su hija opusieron resistencia y se defendieron como pudieron hasta lograr escaparse; se presentaron al municipio de Juxtlahuaca para denunciar los hechos pero no tuvieron respuesta  de la Autoridad Municipal. Por eso el grupo de las 30 mujeres se plantaron en el Palacio Municipal de Juxtlahuaca para exigir garantías y poder regresar a su comunidad; ante esta presión acudieron al Municipio de Juxtlahuaca, por intervención del Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, Visitadores de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, para conocer de los hechos e intervenir. Es así como las mujeres lograron el compromiso de brindarles las medidas de seguridad necesarias para que pudieran regresar al Municipio de San Juan Copala con los víveres ya comprados por ellas.

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Las raíces del conflicto en Copala

María Dolores París Pombo

MÉXICO, D.F., 3 de mayo.- El brutal ataque, el martes 27 de abril, de un grupo paramilitar priista contra la caravana humanitaria de periodistas, activistas sociales y observadores internacionales que se dirigían al municipio autónomo de San Juan Copala, tiene sus orígenes en una historia de injusticia, corrupción e impunidad que caracteriza a esta y a otras regiones de Oaxaca. Desde inicios de este año, los cerca de 700 habitantes del municipio autónomo se encuentran sitiados por miembros armados de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), una organización fundada por el PRI a mediados de los noventa. Les han cortado la luz, el agua y todos los servicios básicos; el médico del centro de salud ha tenido que irse; los niños no asisten a la escuela, y la escasez de víveres se está volviendo extrema.

La región Triqui Baja, ubicada en la Mixteca Oaxaqueña, lleva varios años de conflicto político entre grupos que luchan por el control de las comunidades y la recepción de recursos económicos del gobierno. Estos enfrentamientos han provocado centenares de muertes y el desplazamiento forzado de más de la mitad de la población triqui hacia otras zonas de México y a Estados Unidos. Desde mediados de los noventa, el conflicto se ha caracterizado por los asesinatos y los enfrentamientos armados entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Ubisort. En enero de 2007, disidentes de ambas organizaciones crearon el Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC) con el propósito de pacificar la región a través de un gobierno indígena que se rigiera por usos y costumbres, sin la intervención de los partidos y organizaciones políticas.

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Condenan asesinato en Juárez de Josefina Reyes, activista que denunciaba abusos de militares

Comunicado de Indignación, AC

Las denuncias contra integrantes del movimiento contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, así como el violento operativo mediante el cual elementos de la PGR detuvieron el 10 de julio pasado a cinco activistas de Candelaria, Campeche, responde a una deplorable práctica de criminalización de la protesta y de los movimientos sociales y conlleva violaciones a los derechos humanos, concluye el equipo Indignación en un primer reporte de observación.

Las y los detenidos son Sara López, Joaquín Aguilar, Guadalupe Borjas, Elmer Castellanos y Guadalupe Lizcano, adherentes de La Otra Campaña, quienes iniciaron una huelga de hambre desde el Centro de Readaptación Social de Kobén, Campeche, donde están recluidos.

El documento, que incluye el testimonio de una de las personas detenidas así como antecedentes y contexto del Movimiento contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, exige investigar y sancionar a los agentes de la PGR que el pasado 10 de julio cometieron violaciones a las garantías individuales así como a los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad que se han negado a atender las demandas de los habitantes de Candelaria y han obstaculizado la construcción de acuerdos con los integrantes del Movimiento.

Indignación considera que los delitos atribuidos a los integrantes del Movimiento contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica –privación ilegal de la libertad de un funcionario público e impedimento para la prestación de un servicio público– no responden a hechos verificables sino al objetivo de criminalizar a los activistas y encarcelarlos, sujetándolos a un proceso penal en el que son acusados de delitos graves.

Durante el operativo elementos de la antigua AFI (hoy Policía Ministerial Federal), dependiente de la PGR, actuaron con violencia y vulnerando derechos humanos al entrar a la fuerza a los domicilios, sin identificarse –los familiares de los detenidos no sabían con certeza quiénes ni a dónde se los llevaron– sin mostrar órdenes de aprehensión, insultando y humillando a las personas detenidas, hostigándolas durante el trayecto y sin informar a sus familiares a dónde serían trasladadas.

Todo ello violó los derechos a la libertad y a la seguridad personales establecidos en el artículo 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues estos derechos requieren que las detenciones se realicen en estricto apego a procedimientos precisos establecidos en las constituciones.

A juicio del equipo Indignación esta actuación confirma que el proceso judicial responde a una estrategia para intimidar y reprimir al movimiento, por lo que también afecta el derecho de organización y manifestación de los habitantes de Candelaria y de otros municipios del país que participan en el movimiento contra la Altas Tarifas de Energía Eléctrica.

Lea aquí el Reporte de Observación que elaboró Indiganción, AC